El Juez del Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca, Andrés Carita Quispe, ha emitido una sentencia que responsabiliza a múltiples entidades por las condiciones insalubres e indignas que sufren los pobladores de varios distritos de la cuenca Coata debido a la contaminación ambiental.
En el año 2017, los habitantes de los distritos de Coata, Capachica, Huata y Caracoto presentaron una demanda constitucional por graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la dignidad humana, a la vida, a la salud, al acceso al agua potable y a un ambiente equilibrado.
Las entidades demandadas incluyen al Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La sentencia, emitida después de 6 años de lucha judicial, ordena a estas entidades tomar medidas urgentes: implementar un sistema de tratamiento y potabilización de agua para el consumo humano, bajo apercibimiento de medidas coercitivas; suspender el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento en cuerpos de agua.
Asimismo, a construir una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, suspender el vertimiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en cuerpos de agua y establecer un sistema para su tratamiento, implementar servicios de agua potable para la población afectada y garantizar la distribución de agua potable para uso doméstico.
Finalmente dispone brindar atención médica especializada a la población expuesta a la contaminación, adoptar otras medidas necesarias para restablecer condiciones mínimas de vida digna.
Cabe indicar que esta sentencia marca un hito en la lucha contra la contaminación ambiental y busca garantizar el bienestar y la salud de la población en riesgo.
