Los trabajadores del Poder Judicial anunciaron un paro nacional de 24 horas para exigir el cumplimiento del cuarto tramo de su escala remunerativa y el pase al régimen laboral 728. El secretario del sindicato, Víctor Raúl Carpio Franco, sostuvo que también demandan gratificaciones para el personal CAS.
La medida de fuerza afectará las actividades judiciales en todo el país e involucra directamente a 8000 servidores a nivel nacional, incluyendo a cerca de 700 trabajadores de la región Puno. Debido a la protesta, se suspenderán las audiencias civiles, los juicios por alimentos y otros procesos que no tengan carácter de urgencia.
El dirigente sindical señaló que el propio Gobierno obliga a los trabajadores del Poder Judicial a salir a las calles por un reclamo que data del año 2019. Las cinco escalas salariales pactadas debieron concluir en el 2023, pero las autoridades estatales mantienen un retraso de tres años en sus obligaciones laborales.
El gremio calcula que se requieren 190 millones de soles para cubrir el cuarto tramo salarial, pero el Estado peruano solo ofreció 40 millones. El entrevistado Víctor Raúl Carpio Franco afirmó que ese monto prorrateado equivale a un incremento individual de apenas 80 céntimos de sol, lo cual calificó como una burla.
Durante la jornada de protesta solo se atenderán los procesos penales con reos en cárcel, así como las diligencias de emergencia y de carácter tutelar. Los representantes de las diferentes cortes superiores del país advirtieron que la inacción de las autoridades perjudica a los litigantes más vulnerables del sistema de justicia.
La Mesa Directiva del Congreso de la República todavía no agenda el proyecto de ley pendiente que soluciona las demandas de los servidores de este poder del Estado. Los dirigentes advirtieron que, si el Parlamento nacional mantiene su indiferencia, el sindicato iniciará una huelga nacional indefinida de forma inmediata.
