La Fiscalía de Prevención del Delito y comerciantes de trucha ofrecen versiones opuestas sobre un operativo de intervención, cuya legalidad es cuestionada por la defensa legal de los afectados, en mercados de la ciudad de Puno.
Fiscalía, SANIPES, y la dirección regional de la producción, decomisaron mas de 500 kilos de trucha transportada en una combi, sin cadena de frío ni condiciones sanitarias, con destino a mercados locales, según informó la fiscal a cargo del operativo interinstitucional.
«Este operativo ha sido completamente regular, se han seguido los procedimientos de ley y a nivel interinstitucional vamos a seguir garantizando este tipo de operativos con mayor fuerza», declaró la fiscal responsable de la intervención.
Versiones que se contradicen
Los comerciantes afirman que la intervención se realizó únicamente por falta de documentación, no por condiciones sanitarias, argumento que el abogado defensor corroboró ante los medios de comunicación presentes.
La documentación presentada a posterior por los comerciantes fue rechazada por la Fiscalía, argumentando que no acreditaba la trazabilidad del recurso hidrobiológico intervenido; sin embargo, esta decisión no fue explicada formalmente a los afectados.
El producto decomisado no fue derivado a albergues ni instituciones benéficas, sino eliminado, pese a que comerciantes y defensa señalaron que solo habían transcurrido horas desde su extracción y podría haberse donado.
Procedimientos bajo la lupa
SANIPES y la Direpro, entidades técnicas participantes, emitieron informe que determinó que la trucha no era apta para consumo humano, conclusión que sustenta la posición fiscal pero que los afectados consideran aplicada arbitrariamente.
«A los comerciantes nunca se les indicó la observación sanitaria; la única exigencia referida fue la documentación», declaró el abogado defensor, cuestionando la coherencia del argumento fiscal durante el operativo.
La Fiscalía anunció que continuará realizando operativos de mayor envergadura para prevenir el comercio clandestino y delitos contra la salud pública, sin precisar si implementará protocolos de información previa a comerciantes.
