Raúl Samillán Sanga, portavoz de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, denunció el nombramiento de Tomás Aladino Gálvez como Fiscal de la Nación como un acto de impunidad del Congreso.
El dirigente acusó al magistrado de desnaturalizar las investigaciones sobre las masacres estatales de ese período. Para los sobrevivientes y familiares de los asesinados, la designación representa una burla al dolor y a la sangre derramada.
El líder de los afectados urgió a no votar por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Perú Libre de Waldemar Cerrón ni Alianza para el Progreso de César Acuña. Según el vocero, estas agrupaciones forman un pacto político en el Congreso para controlar instituciones clave.
La lista de partidos cuestionados incluye a Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú de José Luna Gálvez, Renovación Popular de Rafael López Aliaga y Acción Popular. Los 8 grupos actúan de manera coordinada para capturar el Ministerio Público.
La vinculación política del togado con este bloque parlamentario genera cuestionamientos sobre su idoneidad. A pesar de ello, los congresistas impulsan su imposición como máxima autoridad del Ministerio Público.
Las pesquisas sobre las masacres del período 2022-2023 acumulan demoras y encubrimientos que, según los agraviados, evidencian desprecio hacia las víctimas. La fiscalía, alertan, no puede quedar en manos de acuerdos oscuros.
«La Fiscalía no puede ser oficina de favores del Congreso mafioso», denunció el portavoz de los afectados. El objetivo, según él, es imponer fiscales sumisos para cerrar investigaciones y borrar las huellas de los crímenes contra el pueblo.
Las víctimas exigen la nulidad inmediata del nombramiento y la designación de un fiscal independiente. De lo contrario, advierten que cualquier resultado será ilegítimo ante la opinión pública si el Congreso impone su control sobre la institución.
