miércoles 30, julio 2025
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Justicia brasileña ordena al gobierno confiscar tierras con deforestación comprobada

La Corte Suprema dictó un fallo que incluye confiscaciones de predios y obliga al Estado a reforzar controles y restaurar zonas afectadas por actividades ilegales

Justicia brasileña dispone el embargo de tierras afectadas por la deforestación ilegal comprobada como parte de una medida obligatoria para frenar la destrucción ambiental

La Corte Suprema de Brasil aprobó una medida urgente para frenar la deforestación ilegal en la Amazonía y el Pantanal, la acción judicial se produce tras una demanda colectiva presentada por fiscales federales. El fallo es vinculante y obliga al Estado brasileño a reforzar controles ambientales.

“Estamos ante un momento histórico para los biomas más vulnerables del país” , afirmó uno de los magistrados durante la audiencia, el mandato aplica desde la semana pasada. Incluye acciones como la reposición de recursos a instituciones ambientales y la reactivación de operativos de vigilancia en zonas críticas.

El gobierno tendrá que actualizar planes nacionales de prevención, se estima que entre 2019 y 2023 se perdieron más de 15 mil kilómetros cuadrados de bosque nativo,  los departamentos fronterizos con Bolivia y Perú son los más afectados. Las quemas forestales aumentaron un 40 % en cinco años.

La inacción estatal provocó lagunas legales aprovechadas por grupos ilegales, el caso llegó a la Corte luego de años de denuncias sin respuesta, comunidades indígenas y ribereñas sufrieron el avance desmedido de la tala y minería no regulada. Su voz fue clave en el proceso judicial.

El fallo tiene alcance nacional pero prioriza dos regiones estratégicas: la Amazonía y el Pantanal, ambas cumplen funciones climáticas esenciales. El Pantanal representa el 60% de los humedales tropicales del planeta, hasta ahora carecía de políticas públicas efectivas para su protección integral.

Más de tres millones de hectáreas se perdieron en el Pantanal por incendios entre 2020 y 2021, la decisión judicial exige restaurar áreas afectadas, controlar actividades agrícolas cercanas. El Ministerio del Medio Ambiente debe rendir informes trimestrales sobre avances.

La falta de coordinación entre estados y la unión (gobierno federal) era un obstáculo constante, ahora se establece un marco legal obligatorio. “Este fallo marca un antes y un después en la lucha contra la destrucción ambiental” , sostuvo una activista durante una rueda de prensa.

Los fiscales celebraron el respaldo judicial, este reclamo atiende la justicia para comunidades desplazadas por la expansión ganadera, la corte también pidió reparar daños ecológicos causados en los últimos diez años. Se espera que nuevos fondos internacionales apoyen estos esfuerzos.