El abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero de 2023, César Quispe Calsín, afirmó que Keiko Fujimori sí tiene responsabilidad política en las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. En entrevista con Pachamama Radio, el letrado sostuvo que Fuerza Popular blindó a la presidenta Dina Boluarte en el Congreso anterior. Quispe cuestionó así los argumentos que desvinculan a la lideresa de esos hechos.
El abogado explicó que la Constitución Política de 1993 establece que los delitos de homicidio calificado cometidos por agentes del Estado requieren autorización del Congreso para iniciar investigaciones contra la presidenta en funciones. Tres denuncias constitucionales ingresaron al Congreso anterior y fueron archivadas, según precisó Quispe. Por esa razón, el letrado exige al actual Parlamento desarchivar o iniciar nuevas denuncias contra Boluarte.
“Lo que estamos solicitando a este actual congreso es que se desarchiven o se inicien nuevas denuncias constitucionales contra Dina Boluarte”, declaró Quispe Calsín durante la entrevista. El abogado advirtió que el Parlamento no debe entorpecer las investigaciones. Recordó que en el año 2012 Paraguay aplicó un mecanismo similar cuando un presidente estuvo involucrado en graves violaciones de derechos humanos.
Respecto al caso Carabaya, Quispe señaló que ya se identificó a los efectivos policiales involucrados. Sin embargo, no hay detenidos ni prisión preventiva contra los agentes que habrían asesinado a la población durante las protestas. El abogado contrastó esa situación con las detenciones aplicadas a quienes participaron en presuntos disturbios y luego fueron liberados por falta de pruebas.
“¿Existe realmente justicia? No hay justicia”, afirmó Quispe Calsín al cuestionar el avance de las investigaciones. El letrado recordó que el caso Sonia Águilar Quispe y Solomon Valenzuela contiene elementos de convicción en el Ministerio Público, pero aún no hay prisión preventiva. Señaló que los fiscales han cambiado numerosas veces y que el EFICAVIF fue desactivado y trasladado al sistema de derechos humanos del sur.
El abogado denunció que el Estado incrementó el presupuesto para su defensa legal, lo que le permite contratar numerosos abogados. Esa estrategia busca entorpecer las investigaciones, sostuvo Quispe. Añadió que las fiscalías ya no operan como tales y que las investigaciones se llevan con cuidado extremo. Calificó la situación actual como dramática para los familiares de las víctimas.
Quispe Calsín invocó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige rapidez, inmediatez y aceleridad en las investigaciones. El Estado debe sancionar a los responsables y atender a los heridos, según el letrado. Nada de eso se cumplió en el periodo anterior ni en septiembre, precisó. Sostuvo que el Estado debe pedir perdón y acatar las recomendaciones internacionales.
El abogado comparó la situación con la dictadura de Pinochet en Chile, donde el presidente Patricio Aylwin pidió perdón a las víctimas. Mencionó también casos en Colombia, Estados Unidos, Canadá y Francia. En todos esos países el Estado reconoce los delitos de sus antecesores, indicó Quispe. Añadió que la Constitución peruana y los tratados internacionales garantizan justicia para las víctimas.
Quispe Calsín rechazó los argumentos de quienes piden olvidar los hechos porque ya pasó tiempo. “¿Qué ser humano en su sano juicio podría decir eso?”, preguntó el abogado.
