El analista político Pablo Najarro ha señalado que los generales de brigada y de la policía responsables de autorizar el uso de armas de guerra durante las protestas en 2023, que resultaron en la muerte de más de una docena de personas en Juliaca, deberán rendir cuentas. Najarro argumenta que estos altos mandos regionales deberán mostrar documentación que los habilite para dar la orden de utilizar fusiles de guerra contra la población.
En declaraciones a Valgan Verdades de Pachamama Radio, Najarro destacó que la utilización de una fuerza militar excesiva durante las protestas se justificaba con la teoría de que los manifestantes eran remanentes del terrorismo.
Desde su análisis, esto convenía a la entonces mandataria Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola, quienes eran conscientes de la situación.
“Al Estado le convenía, a Dina Boluarte le convenía que este delito se tipifique así, porque ellos eran conscientes de lo que había sucedido. Daban la premisa de que eran actos terroristas. Aunque la toma del aeropuerto estuvo fuera de lugar, la represión no era la respuesta”, puntualizó Najarro en relación al inicio de las investigaciones por crimen organizado.
