El abogado Juan Echenique Cáceres advirtió que los responsables podrían recibir penas de hasta 10 años de cárcel si la Fiscalía corrobora su tesis. La investigación apunta a una presunta banda criminal que anulaba multas de tránsito a cambio de coimas en la Municipalidad Provincial de San Román.
Cohecho
El especialista detalló que los hechos configuran cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función pública. También se investiga el cohecho activo genérico y el tráfico de influencias, delitos que habrían cometido funcionarios y servidores de la Gerencia de Transportes.
La maniobra consistía en cobrar pagos ilegales a los conductores sancionados por infracciones vehiculares. Las coimas permitían liberar de responsabilidad a los infractores y evitar la suspensión de sus licencias, según revelaron las pesquisas preliminares del Ministerio Público.
Expedientes
La Fiscalía detectó la desaparición de expedientes completos vinculados a procesos administrativos sancionadores. Los documentos sufrieron correcciones, rectificaciones y anulaciones irregulares para favorecer a conductores ebrios y a quienes cometían faltas administrativas graves.
Echenique Cáceres explicó que los allanamientos buscan recabar elementos de convicción suficientes. Las diligencias de ingreso y registro permitirán al fiscal formalizar la investigación preparatoria y sustentar las acusaciones contra los involucrados en el esquema delictivo.
Prisión
El letrado afirmó que el fiscal anticorrupción podría solicitar prisión preventiva para todos los investigados. La medida cautelar procedería si los indicios y presunciones recabados acreditan la gravedad de los cargos y el peligro de fuga o entorpecimiento procesal.
La condición de funcionarios públicos agrava significativamente la situación penal de los implicados. Echenique Cáceres subrayó que la responsabilidad es aún mayor si entre los procesados figuran el alcalde o los gerentes de la administración municipal.
“El pueblo espera honradez y responsabilidad de sus autoridades”, enfatizó el abogado. La presunta banda criminal habría operado bajo la dirección del mismo burgomaestre, aunque algunos empleados de mandos medios también actuaban por cuenta propia en el cobro ilegal.
