La comisión evaluadora de la Red de Salud Chucuito – Juli aprobó como «aptos» a trabajadores que, por ley, deberían quedar fuera del proceso. Estos casos incluyen a personas con contratos vinculados al Decreto de Urgencia 018-2022, conocido como «contratos COVID», y a un profesional sin título habilitante para el cargo al que postula.
Esta comisión evaluadora de la red de salud está integrada por los abogados Miler Achata Murguía y Freddy Ferreyros Condori, junto al técnico Liber Elías Tacora y el ingeniero Honorato Flores Pari.
El primer caso es el de Jesús Totora Chipana, quien ya había sido declarado no apto en 2023 por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR). La resolución de entonces dejó claro que, al 31 de julio de 2022, su contrato correspondía al marco del D.U. 018-2022, lo que lo excluía del proceso. Sin embargo, en esta nueva evaluación, la comisión lo consideró apto, incumpliendo lo establecido por la misma autoridad.
Otro ejemplo es Irma Mamani Useca, quien también fue rechazada en 2023 por SERVIR bajo los mismos argumentos: su contrato estaba vinculado a la emergencia sanitaria por COVID-19. A pesar de ello, la comisión de Chucuito cambió su condición a «apta», sin justificación clara.
Este patrón se repite en otros casos, como el de Wilber Jallo Coaquira, quien en 2023 no cumplía con los requisitos para ser técnico asistencial, pero ahora fue aprobado como «profesional de la salud», pese a que su título de ingeniero estadístico e informático no figura en la lista de profesiones válidas para ese cargo.
El informe señala que al menos cinco personas se encuentran en situaciones similares. Todas tenían contratos COVID al 31 de julio de 2022, fecha límite para el proceso y, según la ley, deberían quedar fuera. La comisión, sin embargo, las incluyó, lo que genera sospechas de favoritismos.
El Decreto Supremo 014-2025-SA y su antecesor, el 015-2023-SA, son claros: el personal contratado bajo el D.U. 018-2022 no puede participar en estos nombramientos. La norma busca priorizar a quienes tenían contratos estables antes de la pandemia, pero en Chucuito se estarían saltando estas reglas, beneficiando a personas sin derecho.
El caso de Wilber Jallo Coaquira es especialmente llamativo. Actualmente, ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Estadística, un puesto administrativo, pero la comisión lo aprobó como «profesional de la salud». Según el Decreto Legislativo 1153, solo médicos, enfermeros, químicos farmacéuticos y otras 9 profesiones específicas pueden acceder a ese grupo ocupacional. Su título de ingeniero no está incluido.
