Dos actas policiales con contradicciones documentadas y un mismo patrón de intervención hacen presumir que agentes policiales de Lima habrían podido sembrar pruebas a manifestantes puneños durante las protestas del 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, según denuncias de los propios dirigentes de Puno.
En ambos casos el mecanismo es idéntico: el acta de intervención consigna objetos no incautados en el momento de la detención; al ser citado ante el fiscal, el efectivo policial no habría recordado con precisión el lugar exacto donde supuestamente encontró las pruebas imputadas.
Willy Hito, dirigente puneño detenido el 29 de julio del 2023, declaró: «Me pusieron dos piedras en un morral naranja», y señaló que el policía manifestó ante el fiscal haberlas hallado en su bolsillo izquierdo, contradiciendo el acta que consignaba el morral.
El método: actas, fiscales y contradicciones bajo juramento
Hito precisó que al momento de su detención solo le incautaron el celular; las dos piedras aparecieron posteriormente en el acta de intervención, sin que existiera registro visual ni testigos independientes del momento exacto del hallazgo.
Al confrontar al agente ante el fiscal, la contradicción entre el morral y el bolsillo quedó expuesta; sin embargo, el Ministerio del Interior apeló el archivo del caso y el proceso judicial contra Hito continúa activo en Lima a la fecha.
En el caso del joven huancaneño, Jhon Richard Condori Capa, detenido también en Lima durante las mismas protestas, solo se le encontró un escudo; pese a ello, el juzgado lo condenó a seis años apoyándose en el testimonio de tres agentes policiales como prueba central.
Reacciones: gremios, dirigentes y el estándar probatorio cuestionado
Alexander Pilco, secretario general del SUTE Regional, señaló que la condena se sostiene sobre opinión policial, sin videos ni objetos contundentes incautados; calificó el fallo como evidencia de que el sistema protege a corruptos y encarcela a quienes ejercen derechos constitucionales.
Amador Núñez, presidente del FOP, indicó que acumula más de seis denuncias sin prueba alguna en su contra; señaló que el patrón de imputaciones abiertas genera desgaste sostenido sobre los líderes sociales, con independencia de si los casos llegan a juicio oral.
José Gutiérrez, dirigente originario, advirtió ante la protesta que «los grupos mafiosos nos arremeten por alzar la voz», y denunció que la fabricación de evidencia busca arrinconar a comunidades originarias de la costa, sierra y selva.
Alcance, obstáculos procesales y segunda instancia
El patrón documentado en Lima afecta a manifestantes provenientes de regiones alejadas, quienes enfrentan procesos en una jurisdicción distante a su lugar de residencia, lo que eleva costos de defensa y reduce el acceso efectivo a la carpeta fiscal y a sus abogados.
El principal obstáculo procesal es la ausencia de registros independientes en el momento de la intervención; sin cámaras de seguridad, peritos externos ni testigos civiles, la palabra del agente prevalece sobre la del detenido en la valoración judicial.
La segunda instancia del caso Condori Ccapa se convierte así en prueba de fuego para el estándar probatorio; el SUTEP, el FOP y las organizaciones de Puno exigen la nulidad del fallo y advierten que, de confirmarse, el precedente habilitará la misma mecánica contra cualquier medida de protesta contra el Gobierno.
