Felipe Vladimiro Vegas Palomino, gerente Regional de Control de Puno de la Contraloría General de la República, informó que en el 2023 se han emitido 150 informes de control concurrente con el objetivo de disminuir el número de obras paralizadas y asegurar su desarrollo acorde a la normativa.
En entrevista, Vladimiro Vegas señaló que las entidades están obligadas a destinar un 2% para el trabajo de control concurrente, proporcionando un respaldo fundamental para la gestión. Esto permite que, tras la evaluación, los titulares de las entidades realicen las correcciones necesarias y eviten incurrir en ilegalidades.
Destacó que, una vez revelados los resultados de la fiscalización, se otorga un período para subsanar observaciones. En caso de incumplimientos en los perfiles de funcionarios, se permiten ajustes en las hojas de vida. Sin embargo, estas observaciones son previamente conocidas por los titulares de las instituciones.
En este contexto, si, a pesar de las advertencias y el tiempo otorgado, persisten las deficiencias, en un siguiente proceso de control posterior, no solo se investigan a los funcionarios, sino también al responsable facultativo. Este último podría enfrentar procesos administrativos y legales dependiendo del perjuicio causado al Estado.
