La exprocuradora supranacional y exministra de justicia, Delia Muñoz Muñoz, planteó analizar caso por caso las llamadas leyes procrimen, en una entrevista donde explicó qué garantías procesales están en juego y qué exige la ciudadanía frente al nuevo Congreso bicameral.
Muñoz explicó que las garantías judiciales incluyen la duración razonable del proceso, el derecho a un juez competente y el principio de doble instancia, señalando que las normas de prescriptibilidad han generado el mayor reclamo entre las leyes cuestionadas.
«Hay que analizar caso por caso en base a la casuística que hemos tenido», afirmó la especialista, quien remarcó la necesidad de evaluar qué ha funcionado y qué debe corregirse en el sistema de justicia peruano.
Extinción de dominio en riesgo
La exfuncionaria detalló que el sistema de extinción de dominio, usado contra narcotráfico y minería ilegal, permite incautar bienes sin sentencia, pero se ha debilitado bastante según una alerta emitida por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
Muñoz explicó que este mecanismo proviene de acuerdos internacionales contra la corrupción como los documentos de Palermo y Puebla, entrando en colisión con el principio de presunción de inocencia que rige el sistema procesal peruano.
Sobre la Ley 32108 que endureció los requisitos para calificar organizaciones criminales, la especialista pidió revisar a quiénes acusa el Ministerio Público, «cuántos de esos casos hay», cuestionando si se trata de crimen organizado real o de funcionarios acusados por decisiones de gestión.
Transparencia judicial restringida
La exprocuradora lamentó que la información judicial, antes de acceso público, ahora requiere autorización especial con código, lo que impide conocer con claridad el número de casos, montos demandados y resultados en materia penal y familiar.
«Falta más transparencia, hemos retrocedido», declaró Muñoz, al señalar que sin datos precisos resulta imposible determinar si las leyes cuestionadas afectan realmente el debido proceso o protegen a funcionarios investigados.
Sobre el perfil que debería tener el próximo ministro de justicia, la especialista sugirió que debe tener visión de derechos humanos y experiencia en litigio, enfrentando la necesaria reforma del sistema judicial que exige el nuevo gobierno.
