Un accidente laboral ocurrido en la ciudad de Puno, donde un sereno resultó herido y no contaba con contrato municipal, ha encendido las alarmas sobre una práctica recurrente en varias municipalidades de la región. Denis Anaya Sánchez, dirigente y abogado de Juliaca, advirtió que esta situación se repite en distritos como San Román, donde trabajadores de limpieza pública y serenazgo laboran sin contratos formales, seguros ni pagos regulares.
Anaya Sánchez señaló que las municipalidades convocan a trabajadores, pero no formalizan sus contratos ni garantizan sus derechos laborales. “Cuando hay accidentes, no hay seguro, no hay nada”, denunció. Además, reveló que en algunos casos los sueldos se retrasan hasta tres meses y, al final, los trabajadores son despedidos sin justificación. “Borran y cuentan nueva”, afirmó, refiriéndose a la renovación constante de personal sin resolver las deudas pendientes.
El abogado cuestionó la falta de acción de Sunafil y la Contraloría, encargadas de supervisar las convocatorias y contratos. “Cada convocatoria debe ser revisada, pero no se hace”, indicado. También criticó la inacción de la Fiscalía Anticorrupción y el Defensor del Pueblo, quienes deberían intervenir ante la sobreexplotación laboral. “Si no hay denuncias, no actúan”, lamentó, subrayando la necesidad de que las autoridades asuman su responsabilidad.
Anaya Sánchez cuestionó la legalidad de las convocatorias sin presupuesto asignado. “Si no hay plata, ¿para qué convocan?”, preguntó. Denunció que los regidores y el Consejo Municipal no fiscalizan adecuadamente, permitiendo que persistan estas irregularidades. “Hay centralismo y desidia”, afirmó, proponiendo la creación de una filial de Sunafil en Juliaca para agilizar las inspecciones en la zona norte y sur de Puno.
El abogado reveló que algunos serenos deben comprar sus propios uniformes, mientras las autoridades no garantizan condiciones mínimas de trabajo. “¿Dónde está Sunafil? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo?”, cuestionó. Insistió en que la falta de acción institucional perpetúa la explotación laboral y demandó mayor transparencia y fiscalización inmediata.
Anaya Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar estos casos y exigir la intervención de las autoridades. “Si no hay denuncias, nunca van a actuar”, recalcó. Propuso la descentralización de Sunafil y una mayor presencia institucional en la región para evitar que los trabajadores sigan siendo víctimas de la desidia y la corrupción.
