Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario realizaron un plantón frente al Poder Judicial para exigir la liberación de Óscar Pineda Vásquez, quien permanece detenido por presunta tortura u homicidio. Sus colegas consideran que la acusación es injusta y que responde a persecución fiscal.
El caso de Pineda Vásquez muestra las carencias del penal. El día de los hechos, el trabajador cumplía funciones en cuatro áreas diferentes: clasificación, aislamiento, cocina y panadería por falta de personal. Un interno confeso, sentenciado a cadena perpetua y con antecedentes violentos, fue identificado como responsable de la muerte de otro recluso. Los colegas de Pineda afirman que él no tiene participación en los hechos.
Los manifestantes denunciaron que el penal carece de equipos básicos para funcionar correctamente. No hay detectores de metales adecuados ni otros sistemas de control que impidan el ingreso de celulares y sustancias prohibidas. Los trabajadores subrayan que no pueden cumplir sus funciones de seguridad sin herramientas mínimas ni suficiente personal para vigilar a tanta población penitenciaria.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Pineda Vásquez bajo acusaciones que cambiaron entre homicidio y tortura sin argumentos claros. Los investigadores encontraron inconsistencias en el caso, incluyendo reportes contradictorios sobre armas presuntamente utilizadas. El trabajador detenido solo estuvo presente cumpliendo su turno regular y reportó los hechos a su superior según los protocolos establecidos.
La Fiscalía de Derechos Humanos, que debería proteger a las personas, aparentemente persigue a los servidores penitenciarios sin protegerlos. El interno confeso Rosales Alipio César, ahora trasladado a otro penal, nunca fue interrogado adecuadamente por la fiscalía sobre su participación directa en el crimen que cometió.
Los trabajadores denuncian que persiguen a sus compañeros solo por estar presentes durante sus turnos de trabajo. Óscar Pineda Vásquez permanece detenido simplemente porque estaba cumpliendo sus funciones el día de los hechos. Esta situación muestra que la acusación carece de pruebas sólidas y que los servidores penitenciarios son vulnerables ante decisiones fiscales que parecen injustas y sin respaldo legal claro.
