Tras la captura de una organización criminal que operaba desde la gerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de Puno, el dirigente juliaqueño Orlando Fernández Sejje exigió inmediatamente la intervención de la gerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de San Román. La denuncia revela una estructura de corrupción que se extiende más allá de Puno y compromete la gestión municipal en toda la región.
Según denunció el dirigente, la municipalidad tiene pendiente por cobrar más de 23 millones de soles en papeletas de infracción que nunca fueron registradas en el sistema. Las papeletas anteriores a dos mil once permanecen completamente fuera del sistema, mientras que los registros posteriores se mantienen sin procesar.
Las multas levantadas por policías de tránsito desaparecen deliberadamente en el proceso administrativo, evidenciando un esquema coordinado entre funcionarios municipales, agentes de tránsito y terceros. Este mecanismo obstruye sistemáticamente la recaudación de fondos públicos que deberían beneficiar a los ciudadanos de ambas municipalidades.
Los policías de tránsito levantan actas formales que nunca llegan a los archivos municipales, mientras otros documentos desaparecen intencionalmente de los registros. Esta omisión deliberada impide que se ejecuten cobros a los infractores y genera un ambiente de impunidad en las calles de ambas municipalidades.
La falta de aplicación de sanciones contribuye directamente al incremento de accidentes de tránsito que afectan a los ciudadanos. Dirigentes locales subrayan que conductores reincidentes circulan sin consecuencias legales debido a que sus infracciones nunca se procesan administrativamente, creando un ciclo peligroso que pone en riesgo la vida de peatones y otros usuarios de las vías.
Finalmente, el dirigente exhorto al Ministerio Público abra investigaciones inmediatas en la gerencia de transporte. Una auditoría integral debe revisar el desempeño de gerentes, subgerentes y funcionarios que operaron sin supervisión efectiva durante años, con el fin de recuperar los más de veintitrés millones de soles no recaudados y aclarar las responsabilidades penales correspondientes.
