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martes, 16 julio 2024

Ley que prescribe delitos de lesa humanidad, genera reacciones inmediatas

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La reciente aprobación en segunda legislatura del Congreso de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad ha generado inmediatas reacciones, el jurista Fredy Vilca sostuvo que las implicaciones de esta normativa, impactaría en los derechos tanto de los imputados como de las víctimas, generando una convulsión social.

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En diálogo con Democracia Total de Pachamama Radio, explicó que la nueva ley ha sido defendida por un sector conservador del Congreso, que argumenta que contribuirá a la pacificación del país. Sin embargo, Vilca advierte que podría tener el efecto contrario, exacerbando las divisiones y provocando una mayor convulsión social.

Uno de los principios defendidos por Vilca es el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, un principio reconocido también en la jurisdicción supranacional. No obstante, subraya la necesidad de equilibrar este derecho con las demandas de las víctimas, que buscan verdad y justicia por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas.

Señaló que la ley permitirá la prescripción de delitos de lesa humanidad, lo cual beneficiaría a militares, funcionarios públicos y policías procesados o incluso condenados por estos crímenes, propiciando impunidad, ya que los condenados podrían solicitar la revisión de sus sentencias bajo el amparo de esta nueva ley, y en muchos casos, las causas podrían ser sobreseídas.

Esta ley, que ahora espera la promulgación por parte del Ejecutivo, podría tener repercusiones profundas en la administración de justicia y la percepción de equidad en el país. Vilca destaca que, más allá de las implicaciones legales, la ley tiene un carácter de amnistía, lo que es particularmente polémico tratándose de delitos graves como los de lesa humanidad. Tradicionalmente, las leyes de amnistía han sido aplicadas a delitos políticos, no a crímenes que afectan derechos humanos fundamentales.

El profesional concluye que la implementación de esta ley podría llevar a un escenario donde no solo se revisen sentencias ya dictadas, sino que también se dé marcha atrás en condenas firmes, lo cual, según su análisis, representa un serio retroceso en la lucha contra la impunidad y en la protección de los derechos humanos en el Perú.

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