Una amenaza a la libre circulación y la seguridad se extiende en la frontera entre Perú y Bolivia, donde grupos no identificados impondrían cobros ilegales y retienen violentamente productos a transportistas y particulares en el centro poblado de Cupisaya, distrito de Tilali, provincia de Moho.
Los afectados exigen la intervención urgente de la Policía Nacional, ante el temor de que la situación derive en enfrentamientos y violencia, pues la tensión crece día a día en la zona, considerada clave para el comercio fronterizo.
Según testimonios de viajeros, alrededor de 30 grupos de hasta diez personas cada uno realizarían turnos las 24 horas en la tranquera de Cupisaya, revisan pertenencias y exigen pagos irregulares a quienes intentan cruzar la frontera, lo que afecta a decenas de personas diariamente.
El centro poblado de Cupisaya, ubicado en la frontera de Perú y Bolivia, se ha convertido en un punto crítico donde la ausencia de control facilita la acción de estos grupos, quienes aprovechan la falta de presencia policial y aduanera para cometer sus actos.
Al respecto, el derecho constitucional a transitar libremente por el territorio nacional está garantizado por el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, que protege a los ciudadanos de restricciones arbitrarias y cobros ilegales, salvo excepciones como sanidad, mandato judicial o ley de extranjería.
La ley obliga al Estado a proteger este derecho y a sancionar a quienes lo vulneran, sin embargo, la población de Cupisaya siente que sus reclamos no son atendidos y que la situación puede escalar si no hay una respuesta inmediata de las autoridades competentes.
El problema refleja la debilidad institucional en la frontera y la necesidad de fortalecer la presencia policial y el control migratorio, como señala el abogado especialista en derechos civiles, quien advierte que la impunidad en Cupisaya puede incentivar más actos de violencia.
