El Congreso aprobó un paquete de normas que favorecen la impunidad sin consultar a la población, ni respetar tratados internacionales, aseguró el abogado Santiago Molina Lazo, quien cuestionó duramente la forma en que se dictaron estas disposiciones sin debate alguno, mientras el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.
Molina Lazo señaló que la Ley 32107, conocida como ley de amnistía para policías y militares, constituye una de las normas más polémicas, ya que perdona crímenes de lesa humanidad que la justicia internacional considera imprescriptibles, pero que el Congreso aprobó aprovechando su mayoría relativa sin importar las recomendaciones de organismos internacionales.
El abogado afirmó que estas leyes respondieron a intereses particulares, no al clamor ciudadano, porque fueron aprobadas sin consenso, ni exposición de motivos que justifique su implementación, mientras el país es suscriptor de tratados que prohíben este tipo de medidas que dejan en libertad a responsables de violaciones de derechos humanos.
«Estas normas no han sido materia de debates, se han aprobado al caballazo, simplemente por favorecernos a un grupo político o a un determinado sector», expresó Molina Lazo, quien recordó los abusos cometidos durante la época de Fujimori en los años noventa, cuando se asesinó a personas inocentes sin motivo ni razón.
La Constitución establece que la dignidad de la persona es la principal labor del Estado, recordó el jurista, quien cuestionó cómo el gobierno pretende proteger a los ciudadanos si deja sin efecto crímenes de lesa humanidad, mientras se llenan la boca diciendo que vivimos en un estado de derecho.
Molina Lazo también cuestionó la Ley 31990, que limita los plazos de colaboración eficaz a un año, medida que calificó como inaceptable porque fue diseñada para proteger intereses personales de ciertos grupos políticos, no para beneficiar a la sociedad ni fortalecer la lucha contra la corrupción.
La Ley 32108, que modifica el Código Penal en materia de flagrancia, eliminó la prisión preventiva automática para ciertos delitos, lo que el abogado considera un blindaje para criminales porque ahora los fiscales deben esperar al abogado defensor antes de realizar allanamientos, dándoles tiempo suficiente para ocultar evidencias.
«Antes se sorprendía a las personas con los materiales productos de la acción delictiva, pero ahora tienen tiempo para que desaparezca todo lo que debían incautar», explicó el jurista, quien aseguró que estas modificaciones eliminaron herramientas efectivas que tenía el Ministerio Público para combatir el crimen organizado.
Molina Lazo señaló que la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos, la limitación de la extinción de dominio solo después de sentencia, la eliminación de la detención preliminar son medidas que buscan proteger a determinados personajes, porque toda norma aprobada por mayoría relativa en este Congreso tiene nombre propio.
El abogado advirtió que el presidente José Jerí no derogará estas leyes porque fue puesto en el cargo por el Congreso, entonces depende de los legisladores para mantenerse en el poder, mientras realiza operativos mediáticos que no solucionan el problema de fondo ni mejoran la seguridad ciudadana.
«Mientras no se deroguen las leyes pro crimen vamos a seguir igual, las extorsiones continúan en pleno estado de emergencia», manifestó Molina Lazo, quien consideró que la declaratoria de emergencia carece de justificación porque restringe derechos fundamentales sin resultados concretos contra la delincuencia organizada.
El jurista denunció que el Consejo Fiscal advirtió sobre 229 leyes aprobadas que generarán un déficit de 35 mil millones de soles por exoneraciones tributarias, cifra que pone en riesgo la estabilidad económica del país porque los gastos públicos superarán los ingresos estatales.
Molina Lazo hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexione detenidamente antes de emitir su voto en las próximas elecciones, porque la situación actual es muy crítica, mientras los congresistas actúan por cálculo político buscando votos sin pensar en el bienestar de la población.
El abogado concluyó que este Congreso debe ser recordado por las leyes que favorecen la impunidad, porque los mismos legisladores que llamaban “terrucos” a los manifestantes durante conflictos sociales ahora los llaman hermanos para ganar su apoyo electoral, sin cambiar realmente las políticas que afectan al país.
