Las grandes empresas mineras acaparan miles de hectáreas de territorio nacional sin explotarlas mientras los campesinos que tienen minerales en sus propios terrenos son calificados como informales, aseguró Pablo Salas Charca, dirigente del Consejo Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, quien reveló que la empresa Minsur controla más de 50 mil hectáreas en Puno.
El dirigente explicó que la ley de minería permite a cualquier persona solicitar hasta mil hectáreas mediante cuadrículas de cien hectáreas cada una, pero las grandes mineras acaparan territorios enormes utilizando nombres diferentes como María 1, María 2, María 3 hasta completar extensiones gigantescas que impiden trabajar a los pequeños productores.
Salas Charca señaló que los petitorios mineros de la gran minería ahora tienen vigencia de 30 años, cuando antes duraban solo 7 años, lo que ha provocado que vastas áreas del país queden concesionadas sin que nadie las trabaje ni deje trabajar a otros que podrían aprovechar esos recursos naturales.
«Un campesino cuando quiere hacer una actividad minera en su propio terreno es informal porque el petitorio minero está en manos de la gran minería», expresó el dirigente, quien cuestionó cómo los propietarios de la superficie no pueden explotar minerales que están a flor de tierra en sus propios predios.
El representante de las comunidades afectadas indicó que la ley de minería se contrapone con la Ley General de Comunidades Campesinas, cuyo artículo 15 establece que las comunidades tienen prioridad para solicitar petitorios mineros, pero esta prioridad desaparece cuando las concesiones ya fueron entregadas a las grandes empresas.
Salas Charca relató que los mineros artesanales deben solicitar a través del Viceministerio de Energía y Minas una o dos cuadrículas a la gran minería por apenas seis meses o un año, lo que genera protestas constantes porque trabajan en territorios que ya están concesionados aunque nadie los explote.
El dirigente propuso que los mineros artesanales que trabajan con carretilla, que son cientos y miles de personas, deberían convertirse en aliados estratégicos de las comunidades campesinas para presentar solicitudes de nulidad contra las concesiones de la gran minería porque estas se otorgaron sin consulta previa.
«Las comunidades campesinas hemos presentado la nulidad de la concesión minera de la gran minería porque ellos están acaparando territorios sin explotarlos», manifestó Salas Charca, quien recordó que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico no debería otorgar concesiones en lugares donde hay nevados, glaciares o lagunas.
El representante citó el caso de la empresa Minsur en Nuñoa, que tiene un petitorio minero llamado Santo Domingo en un lugar donde hay manantiales, ojos de agua y nevados desde hace 30 o 40 años sin explotarlo, mientras impide que otros aprovechen esos recursos naturales para su subsistencia.
Salas Charca también mencionó que la empresa canadiense que explotará litio en Carabaya tiene concesionadas 93 mil hectáreas pero solo trabajará en 800 hectáreas, lo que demuestra el acaparamiento excesivo de territorios que caracteriza a la gran minería en todo el país sin beneficiar a las poblaciones locales.
El dirigente afirmó que la ley de minería data de la década de 1980, de la época de Juan Velasco Alvarado con algunas modificaciones posteriores, pero fue elaborada por los mismos empresarios mineros y congresistas sin participación de las comunidades campesinas ni de los mineros artesanales que son los verdaderos afectados.
«Debería participar la población en general, los mineros artesanales y comunidades campesinas en la elaboración de una nueva ley minera», planteó Pablo Salas Charca, quien recordó que los minerales se encuentran en territorios de las comunidades campesinas y estas deberían tener voz en las normativas que regulan su aprovechamiento.
El representante cuestionó que empresas como Minsur, que opera hace 60 años en la región, no hayan convertido a las comunidades de Ajoyani y Antauta en socios accionistas como establece el artículo 15 de la Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento 163, limitándose únicamente a firmar convenios marco.
Salas Charca señaló que las mineras compran terrenos superficiales a 10 o 15 céntimos el metro cuadrado mediante notarios en Juliaca o Ayaviri, convirtiéndolos en su propiedad mientras las comunidades solo reciben responsabilidad social con obras menores o regalos navideños sin participar como verdaderos socios empresariales.
