El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero en Juliaca Raúl Samillán advierte que un proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad podría proteger a responsables de muertes, pues la norma daría amparo a militares o policías investigados por ejecuciones extrajudiciales.
Samillán señala que la propuesta del congresista Fernando Rospigliosi busca limitar el tiempo de investigación, además afirma “esta medida abre paso al olvido de crímenes que no deben prescribir según tratados internacionales”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que este cambio legal contradice normas globales, además precisa que reducir la gravedad de ataques contra civiles afecta el derecho de las víctimas, puesto que estos hechos responden a decisiones estatales específicas.
Indicó que las investigaciones por fallecimientos avanzan lento en la región, además el exfiscal Tomás Gálvez desactivó el equipo especial encargado, también retiró presupuesto para peritajes y traslados, lo que frena diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Muchos sobrevivientes evitan declarar ante autoridades por temor, además recuerdan acciones violentas previas de agentes del orden, por eso solo 200 personas iniciaron procesos judiciales en busca de justicia para sus familiares afectados.
La agrupación de víctimas solicita una reunión con el candidato Roberto Sánchez, además plantea presentar un plan de resarcimiento, también espera que el político cumpla compromisos en caso llegue al gobierno nacional.
El documento plantea un registro único de afectados, además incluye atención médica, apoyo psicológico, acceso a vivienda, educación gratuita y una pensión permanente para hijos de personas fallecidas durante las protestas recientes en la región.
