Edith Calizaya, expresidenta de la Asociación de Mujeres Aimaras Bartolina Sisa de Puno, expresó su indignación por la falta de respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios en Perú. Calizaya considera que el gobierno está criminalizando y minimizando a los manifestantes, especialmente a aquellos provenientes de las zonas rurales y andinas.
Calizaya mencionó el caso de Fermina Pandia, quien fue sentenciada a cinco años de prisión y una reparación civil de 5,000 soles, a pesar de que en redes sociales se pueden observar imágenes de ella herida y sangrando durante las protestas. La líder aimara también señaló que varios miembros de la organización están siendo procesados por participar en las protestas, acusándolos de terrorismo.
Edit Calizaya argumenta que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política del Perú. Ella y otros miembros de la organización planean viajar a Lima para denunciar la situación ante organismos internacionales de derechos humanos. Su objetivo es visibilizar la criminalización de la protesta y buscar justicia para los manifestantes que han sido detenidos o sentenciados.
En sus declaraciones, Edit Calizaya también hizo referencia a los jóvenes encarcelados en Cuzco y Huancavelica por participar en las protestas, destacando la vulnerabilidad de sus familias, que dependen principalmente de la agricultura. Calizaya hizo un llamado a la unidad y la solidaridad entre los pueblos originarios para defender sus derechos y exigir justicia para los afectados por la represión.
La situación de las mujeres aimaras procesadas por participar en las protestas refleja la tensión social y política que vive Perú en la actualidad. La criminalización de la protesta es un tema que preocupa a diversos sectores de la sociedad peruana, que exigen el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.
