El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno identificó irregularidades en seis obras y contratos públicos durante el primer trimestre de 2026, con un riesgo económico de más de S/ 6 millones para el Estado.
El OCI emitió siete informes entre enero y marzo de 2026, incluyendo cuatro orientaciones de oficio, un control concurrente y dos acciones de oficio posterior, en el marco de la Directiva N.° 002-2023-CG/PREVI de la Contraloría.
El informe de control concurrente advirtió que las fisuras en las columnas de concreto que permanecen en pie tras el colapso de la cobertura del coliseo «evidencian riesgo de colapso progresivo», comprometiendo la seguridad estructural y la integridad de las personas.
Coliseo de Puno y vías: los casos de mayor impacto económico
El control concurrente en el coliseo de Puno, ejecutado del 11 al 17 de febrero de 2026, reveló que las columnas y estructuras metálicas colapsadas generan un riesgo económico de S/ 2 874 089,92 para el Estado.
Paralelamente, el OCI detectó que el supervisor del mantenimiento vial de la Ruta PU-111 otorgó conformidad al 100% del servicio el 24 de diciembre de 2025, cuando aún existían partidas en ejecución por S/ 3 620 830,00 al 28 de enero de 2026.
Adicionalmente, el Informe N.° 003-2026-2-0317-AOP determinó que el izaje e instalación de estructuras del coliseo por parte de SIMA se realizó sin respetar el Convenio Específico N.° SP-2024-050 ni la normativa vigente.
Contrataciones públicas con fallas de transparencia y pagos incumplidos
En el ámbito de contrataciones, el OCI identificó que el operador del SEACE no estableció el plazo mínimo legal para consultas y observaciones en las Licitaciones Públicas Abreviadas N.° 2-2025 y N.° 6-2025 del PRORRIDRE, afectando la transparencia del proceso.
En el caso de la adquisición de cemento asfáltico para la carretera Azángaro-Jila Purina, el OCI alertó que la entidad incumplió los plazos de pago al proveedor, generando riesgo de acciones legales y reconocimiento de intereses en perjuicio del Estado.
Como resultado de las irregularidades identificadas en la Ruta PU-111, el OCI inició una auditoría de cumplimiento, mientras que en la licitación de mobiliario del ISEPA la entidad ya declaró la nulidad de oficio del proceso de selección.
