Para el dirigente sindicalista del magisterio, Pedro Quispe Quisocala, la modificatoria de la ley 1589 sobre extender la pena privativa de la libertad para quienes bloqueen carreteras enfrentarían hasta 15 años de cárcel, es una medida desesperada del premier Alberto Otárola por el anuncio de la jornada nacional de lucha programada para el 7,8 y 9 de diciembre a nivel nacional.
Quispe Quisocala indicó que esta manifestación es en contra de la corrupción generalizada enquistada en los estamentos del estado, que según el dirigente posee respaldo de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú, quienes no establecen estrategias para combatir la creciente delincuencia en nuestro país.
Desde su análisis, el gobierno central aprovecha la actual constitución política del Perú para legislar en beneficio de algunos grupos de poder, como es el caso del decreto legislativo 1589 que modifica el código penal endureciendo las penas por el delito de bloqueo de carreteras y disturbios.
Finalmente exhortó a la población a elevar su voz de protesta en contra del gobierno central, en medio de una coyuntura política que develaría una red criminal en el ministerio público, con una acusación contra la fiscal de la nación Patricia Benavides.
