El Ministerio Público está pidiendo seis años de cárcel y una reparación de 50 mil soles en contra del dirigente aimara Luis Cruz Layme, a quien acusan de los delitos de disturbios y resistencia a la autoridad, tras haber sido detenido durante las protestas sociales en julio de 2023, en la ciudad de Lima.
Cruz, natural de la provincia de Chucuito, viajó el 23 de julio de 2023 a Lima, junto a varias comitivas de pobladores quechuas y aimaras, en rechazo al gobierno de Dina Boluarte.
El 29 de julio, fue detenido y, según sus propias palabras, torturado durante cinco días. Tras ello, el Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, pidió nueve meses de prisión preventiva en su contra.
Dicho órgano alegó que Cruz Layme golpeó a un policía durante las manifestaciones. Sin embargo, ese pedido fue desestimado por la jueza María Del Carmen Lauya Méndez, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.
La magistrada criticó duramente el requerimiento fiscal, concluyendo que no había graves y fundados elementos de convicción para el delito de disturbios, toda vez que únicamente se ha demostrado la reunión multitudinaria más no la afectación al efectivo policial. Es más, la jueza advirtió que el Ministerio Público no había identificado al supuesto agente agredido.
Tras ello, el procurador del Estado apeló y ahora se ha originado un nuevo requerimiento fiscal, esta vez, piden seis años de cárcel efectiva contra el dirigente aimara, además del pago de una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado.
“El Ministerio Público y el Poder Judicial están parcializados, en las pruebas adjuntadas se ve que yo no agredo a nadie, además, es desproporcional que digan que hubo resistencia, porque fuimos nosotros los reprimidos”, agregó el dirigente, al tiempo de precisar que el objetivo sería callar y amedrentar a los representantes aimaras.
