Las amenazas de un grupo delincuencial venezolano autodenominado “Los Gallegos” hacia trabajadores peruanos en la capital de Lima han llevado a una ola de enfrentamientos en el distrito de La Victoria. En este contexto, ciudadanos quemaron dos vehículos que supuestamente pertenecían a este grupo, que estaría exigiendo pagos diarios a cambio de protección a la población. Abogados de la región de Puno han cuestionado la falta de intervención del gobierno y califican la situación como una crisis que requiere atención inmediata.
El jurista Juan Barrios argumenta que la inseguridad ciudadana se ha agravado desde que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski otorgó acceso a extranjeros bajo la justificación de que eran perseguidos políticos. Barrios alega que solo el 10% de estos extranjeros son personas de bien, mientras que el 90% restante son delincuentes.
Responsabiliza al gobierno por no garantizar la seguridad ciudadana, que según la Constitución, debe ser asegurada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Afirma que estas entidades carecen de una estrategia efectiva para combatir la delincuencia.
El jurista José Belón Jara se suma a estas preocupaciones y agrega que esta problemática es un asunto de estado que debe ser atendido de inmediato. Sugiere que el poder legislativo debe promulgar leyes más coercitivas, el poder judicial debe capacitar a sus jueces y el ministerio público debe destinar fiscales exclusivos para combatir estos delitos.
Considera que la delincuencia internacional debe tratarse como un tema de estado y que las organizaciones criminales deben ser castigadas con todo el peso de la ley.