El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny José Álvarez Quiñonez, criticó la ausencia de representantes de diversas instituciones durante la reunión de la comisión regional anticorrupción que no pudo sesionar porque no se alcanzó la mitad más uno de asistentes necesarios. La falta de autoridades impidió la toma de importantes decisiones respecto a actividades programadas en el plan anual estando casi en los últimos dos meses del presente año.
Álvarez manifestó que ese desinterés parte del gobierno central mismo porque hay una coordinación central de presidencia y consejeros ministros que ve anticorrupción. «Empezando que no hay normas claras emanadas por este ente rector entonces como no hay normas claras lógicamente tampoco en las entidades descentralizadas van a funcionar estos foros que son muy importantes», señaló el magistrado. No hay normatividad coercitiva que obligaría a cumplir deberes de formar parte activamente con consecuencia jurídica y sanción correspondiente.
El presidente de la Corte señaló que lo que habría que hacer es trabajar en cuanto a la normatividad primero. Segundo estos foros deben ser espacios donde también la ciudadanía directamente debe participar. Álvarez mencionó que en otras ciudades hay mesas técnicas de seguridad ciudadana que funciona muy bien con participación conjunta de sociedad civil y autoridades. Se discuten temas muy importantes y también se ponen en acción según ejemplificó el magistrado sobre modelos exitosos de participación ciudadana.
Si las autoridades por sí mismas no pueden conducirse bien la sociedad civil debe entrar como entes de control. Álvarez señaló que organizaciones estaban representando pero hay que ver si tienen la representatividad misma de la población. Al inicio en las primeras reuniones había interés y vinieron organizaciones muy interesadas de ver el tema de corrupción que aqueja en las entidades públicas. Sin embargo poco a poco han salido desilusionados según observó el presidente de la Corte sobre el proceso de desencanto ciudadano.
La falta de participación de instituciones importantes como la Procuraduría y la Policía resulta crítica según advirtió el magistrado. La Policía y la Procuraduría son las entidades que marcan la línea de acción en lo que es el combate contra la corrupción. El hecho de que no asistan no permite operativizar el plan ya aprobado. Álvarez enfatizó que teniendo en cuenta que estamos casi en los últimos dos meses del año esta situación se vuelve más grave e impide cumplir metas trazadas.
La presidencia de la comisión a cargo de la Contraloría hizo las comunicaciones oportunas según informó Álvarez. Se hicieron llamadas incluso personales pero a pesar de eso parece que tienen otra agenda tal vez prioritaria. Los planes contemplan actividades ya trazadas como temas de sensibilización y temas de capacitación que son los que inicialmente se aprobaron. Sin embargo estas actividades no pueden implementarse sin el quórum necesario para tomar decisiones vinculantes en la comisión regional anticorrupción.
Algunas instituciones que brillaron por su ausencia fueron la Universidad Nacional del Altiplano, La Prefectura Regional y Oficina de Relaciones Exteriores. También faltaron la Policía Nacional del Perú, la Universidad Nacional de Juliaca, la OSCE y la sociedad civil. La iglesia evangélica entre otras tampoco estuvo presente imposibilitando la aprobación de acciones urgentes. Esta ausencia masiva evidencia falta de compromiso institucional con la lucha contra la corrupción que tanto afecta a la región puneña.
El presidente de la Corte Superior de Justicia lamentó que estas instituciones clave no prioricen la participación en espacios anticorrupción. Álvarez enfatizó que sin compromiso de autoridades los foros regionales fracasan por falta de normatividad coercitiva. La comisión regional anticorrupción de Puno enfrenta crisis de credibilidad cuando las propias instituciones llamadas a combatir la corrupción no asisten a reuniones convocadas. El magistrado exhortó a fortalecer la normatividad nacional y promover participación ciudadana directa como mecanismos de control ante el desinterés de autoridades que imposibilitan operativizar planes aprobados para enfrentar la corrupción en la región.
