Seis efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI) Puno integraron la red criminal «Los Mandachitos» con roles estratégicos y operativos: adulteraron papeletas, retuvieron documentos y cobraron coimas de entre 500 y 5,000 soles para garantizar la impunidad de conductores con infracciones muy graves, según el Informe N° 011-2024 de la DIRCOCOR-PNP.
La estructura policial replicaba la lógica de la red municipal: la teniente PNP Eva Irene Mamani Choque, jefa de la UTSEVI, omitía acciones correctivas ante las adulteraciones realizadas por su propio personal subordinado, mientras el SO3 Alan Enrique Murillo Laura, alias «El Viejo», actuaba como nexo directo entre los policías y los funcionarios corruptos de la Gerencia de Transportes.
En casos documentados por la investigación, la SO PNP Gina Quispe Yucra contactaba directamente al subgerente Willy Wilson Cáceres para negociar que papeletas M1 no fueran subidas al sistema nacional del MTC, cobrando por esa gestión hasta S/ 3,000 por infracción, según declaraciones incorporadas al expediente.
Patrullaje, administración y captación al servicio del fraude
Los brazos operativos actuaban desde distintas funciones: el SO Kevin Cuevas Romero, alias «Charly», cambiaba físicamente los códigos de infracción durante el patrullaje motorizado; el SO José Vilca Rivas, alias «Topo», manipulaba los documentos desde el área administrativa de recepción de papeletas, impidiendo que las sanciones graves llegaran formalmente a la municipalidad.
El esquema generaba un daño doble al Estado y a la seguridad vial: conductores con infracciones M1 por accidentes bajo efectos del alcohol mantenían sus licencias vigentes y circulaban sin restricción, mientras el erario dejaba de percibir multas de hasta S/ 5,350 por cada operación irregular ejecutada por los efectivos, según el Informe N° 012-2024 de la DIRCOCOR-PNP.
Con cargos que incluyen organización criminal, cohecho y falsedad ideológica, los seis efectivos identificados —entre ellos la jefa de unidad— enfrentan investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Puno; la complicidad desde dentro de la UTSEVI revela una captura institucional que comprometió simultáneamente al control policial y al registro municipal de sanciones de tránsito.
