Más de 197 conductores de Puno vinculados al caso “Mandachitos de la Corrupción” siguen sin una resolución definitiva, mientras la municipalidad evalúa de forma individual las presuntas irregularidades cometidas entre 2023 y 2025. El proceso avanza lentamente debido a la falta de abogados y personal de notificaciones, por lo que aún no existe una fecha definida para su culminación.
Las carpetas fiscales de cada conductor, acumuladas entre 2023 y 2025, fueron revisadas primero por la subgerencia de registro, luego por inspección de tránsito, y ahora esperan dictamen en asesoría legal, donde se determinarán responsabilidades de forma individual antes de emitir actos resolutivos.
«Es más de 197 conductores los cuales se está evaluando cómo han sido y qué no habrían sido sancionados», precisó Castillo Terraza, advirtiendo que el proceso debe ser riguroso para evitar que la propia gerencia enfrente denuncias por irregularidades procedimentales.
Irregularidades de dos años acumulan casos sin resolver
Las infracciones no sancionadas abarcan tres años consecutivos, lo que evidencia que la omisión se extendió durante toda la gestión anterior sin que ninguna subgerencia activara los mecanismos correctivos disponibles en la normativa municipal vigente.
Algunos conductores habrían sido favorecidos irregularmente, mientras otros podrían estar incluidos por error, situación que obliga a una evaluación caso por caso que demanda tiempo, abogados y personal notificador que la gerencia actualmente no tiene.
La oficina de personal confirmó no contar con trabajadores disponibles, y el pedido de contratación fue reiterado sin respuesta, dejando a un equipo reducido a cargo de resolver individualmente casi dos centenares de expedientes con carga legal acumulada.
Sin abogados ni notificadores, el cierre del proceso no tiene fecha
Cada expediente requiere filtros jurídicos estrictos antes de emitir resolución, ya que cualquier error procedimental expone a la gerencia a nuevas denuncias, lo que convierte a asesoría legal en el principal cuello de botella del proceso sancionador.
«Debemos hacer un trabajo formal que no afecte a nadie, estamos sujetos a denuncias», subrayó Castillo Terraza, explicando que la formalidad del proceso protege tanto a la institución como a los propios conductores evaluados actualmente.
El gerente estimó un avance del 50% a 60%, pero advirtió que para la recta final se necesitarán abogados adicionales y personal de notificaciones, por lo que la fecha de cierre del proceso permanece indefinida según las declaraciones del gerente de transportes.
