La reforma de ley publicada el pasado 25 de mayo del 2023, que modifica los plazos en la suspensión de la prescripción, está siendo cuestionada por analistas políticos, quienes sugieren que fue aprobada por intereses particulares de los parlamentarios.
Luis Vilcatoma Salas, en un panel transmitido por Democracia Total de Pachamama Radio, expresó sus críticas hacia esta reforma y mencionó que esta modificación responde a un intento de limpiar la imagen política y desaparecer antecedentes legales por parte de ciertos parlamentarios.
Vilcatoma considera que este cambio en la ley es producto de la convergencia de intereses fujimoristas y cuestiona la moralidad del grupo que estaría buscando protegerse mutuamente.
Por otro lado, el jurista Fredy Vilca opinó que la modificación contemplada en la ley 31751, Artículo 339, inciso 1, del código procesal penal, que suspende el curso de la prescripción de la acción penal tras la formalización de la investigación, podría ser utilizada como una artimaña por parte de los congresistas para beneficiarse a sí mismos. Vilca argumenta que esta reforma permitiría a ciertos parlamentarios limpiar sus antecedentes legales al aprovechar los plazos establecidos en los procesos legales.
