La presidenta de la Comisión de Transportes del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, María Vianney Rodríguez Espezua, admitió públicamente que el alcalde Javier Ponce Roque enfrenta una investigación fiscal por presunta organización criminal junto a varios funcionarios municipales.
Según la tesis fiscal, el exgerente de Transportes, Dany Guerra, habría entregado 12 mil soles mensuales al alcalde como parte del esquema corrupto investigado, aunque la regidora precisó que el caso permanece en etapa de investigación sin sentencia.
El mecanismo operaba mediante la liberación de vehículos sancionados, la no cancelación de brevetes y la gestión irregular de papeletas, según documentos oficiales respaldados por técnicas especiales de investigación aprobadas por el Poder Judicial.
La regidora reconoció que su despacho no ejecutó ninguna acción de fiscalización frente a los hechos de corrupción detectados en la Gerencia de Transportes, cuyas investigaciones iniciaron en 2024 y a partir de publicaciones periodísticas, no de alertas del Concejo Municipal, cuya función expresa es vigilar la gestión del ejecutivo local, según lo establecido por la normativa vigente.
El fiscal responsable solicitó al Poder Judicial, el 15 de diciembre del 2025, autorización para allanar el domicilio del alcalde; la jueza denegó la medida, aunque la fiscalía mantiene activa la investigación y el caso avanza ante las instancias judiciales.
La regidora anunció la convocatoria a una sesión de Concejo para solicitar informes detallados a la gerencia y proponer una ordenanza que incorpore sanciones por incumplimiento de paraderos en el cuadro único de infracciones del transporte urbano.
