Denuncias por irregularidades y presuntos actos de corrupción contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román no habrían sido impulsadas por la Procuraduría Municipal, mientras expedientes de gestiones anteriores, algunos desde 2014, permanecen sin resultados visibles, según denunció el exdirigente de las Cuatro Zonas de Juliaca Ántero Pimentel Esquivias.
Pimentel precisó que tiene en mano carpetas fiscales sobre casos concretos, entre ellos presuntos cobros irregulares atribuidos al regidor Ovidio Tumi, el robo de combustible en Serenazgo y la sobrevaloración en la compra de motocicletas, pero que al acudir cuatro veces a la Procuraduría no encontró al responsable de la oficina ni obtuvo información sobre el avance de ninguno de esos casos.
«He venido cuatro veces y siempre me dicen que no está, que salió, que fue a Lima, pero lo que quiero saber es si están actuando o no sobre estas denuncias», reclamó el exdirigente, quien cuestionó para qué sirve una entidad cuya función es defender judicialmente los intereses del municipio e impulsar acciones legales contra funcionarios con responsabilidad civil o penal.
El problema no se limita a la gestión actual, porque Pimentel señaló que existen expedientes sin resultados de los años 2014 al 2025, lo que significa que casos de distintas administraciones llevan años encarpetados en la Procuraduría sin que la población juliaqueña sepa qué ocurrió con ellos.
A ese escenario se suman los regidores de la actual gestión, a quienes el exdirigente acusó de no cumplir su función fiscalizadora, pues tampoco habrían impulsado acciones frente a las irregularidades denunciadas, con solo siete meses por delante antes de que concluya la administración.
«La corrupción está en todas las gerencias y el procurador no defiende nada a la población de Juliaca», afirmó Pimentel, quien exigió públicamente que la Procuraduría informe qué acciones concretas ha tomado frente a cada denuncia y por qué el Estado sigue pagando a funcionarios que, a su juicio, no cumplen su labor.
