El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, anunció la reorganización del penal de Juliaca, tras el asesinato de un interno el 6 de mayo del 2026. Sin embargo, el presupuesto de solo S/ 17 millones para los tres penales de la región desmiente cualquier capacidad real de acción. Además, después de Arequipa, Puno tiene el menor presupuesto a nivel nacional, y de su presupuesto 16 millones son para mejorar la calidad de vida de los presos y su reinserción.
Discursos insuficientes
Las palabras del ministro no convencen a los dirigentes locales. Líderes del sector advierten que el anuncio de reorganización carece de un plan de trabajo concreto y califica las medidas de paños fríos ante una crisis carcelaria que se agrava en Puno.
El propio Jiménez Borra no descartó la participación de personal del INPE en el asesinato del interno César Velázquez Montoya. Esa admisión, señala una mafia enquistada dentro de la institución, lo que agrava el cuadro de la crisis penitenciaria en la región.
Brecha presupuestal
La Oficina Regional Altiplano Puno, que administra el penal de Juliaca Excapilla, el penal de Puno Exyanamayo y el penal de Mujeres de Lampa, opera con S/ 17 millones 280,604 en el 2026. Lima, en contraste, recibe S/ 174 millones 374,229, es decir, diez veces más.
La desigualdad entre regiones es contundente. Chiclayo recibe S/ 62 millones 835,988 y Pucallpa, S/ 25 millones 459,793. Puno, con S/ 17 millones, tiene el segundo presupuesto más bajo del país, solo por encima de Arequipa, que bordea los S/ 16 millones.
Dinero cautivo
De los S/ 17 millones asignados a Puno, el 91 % —cerca de S/ 16 millones 484,511— se destina exclusivamente a mejorar las condiciones de vida y la reinserción social de la población penitenciaria interna, según el portal de transparencia del Estado.
Ese reparto deja cifras mínimas para el funcionamiento institucional. Solo S/ 761,861 —menos del 5 %— cubre sueldos y beneficios del personal activo del INPE en Puno, y apenas S/ 16,315 financia los gastos generales de los tres establecimientos penitenciarios.
La cifra de S/ 761,861 en sueldos evidencia la precariedad del personal penitenciario en Puno. Ese contexto, unido al posible involucramiento de funcionarios en el crimen, explica por qué las armas de fuego ingresan al penal de Juliaca sin mayor control ni consecuencias.
Infraestructura paralizada
El mensaje del ministro también choca con otra realidad crítica: a nivel nacional, la Oficina General de Infraestructura del INPE recibe apenas S/ 1 millón 778,073 para el 2026, cifra que hace imposible ejecutar mejoras, construir nuevos penales o ampliar los existentes en el país.
Con ese presupuesto de infraestructura, el Estado no tiene plan real para enfrentar la crisis penitenciaria nacional. El Estado trasladó al presunto asesino al penal de máxima seguridad de Challapalca y cambió al director del penal, con la Resolución N.° 243-2026-INPE/P, que encargó a Jorge Christian Fernández Vilela la dirección del penal de Juliaca.
