La tarde del pasado miércoles, el alcalde de la provincia de San Román Oscar Cáceres Rodríguez convocó una mesa de trabajo para resolver el aumento del pasaje urbano, pero la reunión terminó sin acuerdos. Solo se anunció que habrá fiscalización a los vehículos de transporte, lo que no soluciona el problema principal del incremento del precio de pasaje urbano.
El presidente de la Central de Barrios de Juliaca, Eusebio Cabrera Chunga, explicó que en la reunión del miércoles participaron representantes de la Fiscalía y Sunarp. Sin embargo, estas instituciones aclararon que no pueden regular los precios de los pasajes ni de los combustibles. “La gente pide que la municipalidad tome cartas en el asunto y regule las rutas, porque ahora no hay orden”, dijo Cabrera.
Los transportistas admitieron que en San Román las rutas no están bien organizadas ni concesionadas. Según la ley, es responsabilidad del municipio regular el servicio. Cabrera denunció que hay enfrentamientos y grupos que controlan las rutas de manera irregular. “Queríamos que todos los dirigentes participen, pero solo asistieron cuatro por cada lado, lo que hizo difícil llegar a una solución”, comentó.
Algunas empresas ya subieron el pasaje a S/1.30 y otras a S/1.50, pero los transportistas no quisieron discutir este tema en la reunión. Ante esto, los dirigentes vecinales pidieron que la municipalidad fiscalice las rutas donde se aplican estos aumentos. También sugirieron que se permita el ingreso de nuevas empresas para evitar abusos y garantizar precios justos.
El alcalde Oscar Cáceres inició la mesa de diálogo y luego se retiró, donde no se lograron avances reales. La población insistió en que el municipio debe intervenir para ordenar las rutas, o caso contrario declarar ruta libre de diversos sectores. Por ahora, solo se habló de más fiscalización, pero no se explicó cómo se evitarán nuevos aumentos ni se garantizará un servicio de calidad.
La falta de acuerdos deja claro que se necesitan acciones más firmes. Mientras los usuarios piden tarifas justas y orden en el transporte, los transportistas mantienen su postura. La fiscalización es un primer paso, pero la gente espera que el municipio tome medidas más fuertes para evitar abusos y mejorar el servicio de transporte urbano.
