El abogado y analista político Iván Trujillo advierte que recientes modificaciones a la Ley de Crimen Organizado, aprobadas por el Congreso peruano, benefician tanto a delincuentes como a políticos. Según Trujillo, la nueva normativa exige que los delitos cometidos por organizaciones criminales tengan penas superiores a seis años para ser considerados como crimen organizado.
Esta modificación ha permitido que varias organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, queden excluidas de investigaciones en curso. Trujillo señala que muchos acusados han presentado excepciones de improcedencia de acción, logrando que el Ministerio Público y el Poder Judicial les den la razón, quedando «libres de polvo y paja».
El analista también critica una propuesta legislativa para crear el delito de «terrorismo urbano». Aunque la intención parece buena, Trujillo advierte que la redacción actual podría criminalizar protestas legítimas, como las movilizaciones de transportistas que exigen mayor seguridad, calificándolas como actos de terrorismo urbano.
Trujillo califica a los congresistas como «mafiosos» y acusa al gobierno de la presidenta Dina Boluarte de legislar en beneficio propio. Menciona el caso de Nicanor Boluarte, quien no sería investigado por crimen organizado en un caso de tráfico de influencias debido a que este delito tiene una pena menor a seis años.
