Un grave delito se habría consumado en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno con el nombramiento irregular de docentes, según declaraciones del abogado Rolando Jiménez Sardón. La autoridad universitaria, junto con otros implicados, habría incurrido en abuso de poder, omisión de funciones y nombramientos ilegales, dejando de lado los derechos de al menos 32 docentes que cumplían con todos los requisitos para ser nombrados.
El abogado Jiménez Sardón explicó que la universidad, mediante una resolución, finalizó un proceso que desde su origen es considerado nulo e ilegal. Esta situación se originó por una adición a la ley 32171, que regulaba el nombramiento extraordinario de docentes contratados hasta el semestre 2023. La modificación impidió que 40 docentes, con derecho ganado por haber trabajado hasta el semestre 2023 y con otros requisitos cumplidos como el ingreso por concurso público y cinco años de experiencia, accedieran al nombramiento. La universidad añadió un requisito no contemplado en la ley, que era tener contrato vigente hasta la entrada en vigor de la ley 23171.
Además de estos hechos, el abogado Jiménez Sardón señala que se habrían nombrado a docentes sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. El profesional pone como ejemplo la Facultad de Derecho, donde un docente fue nombrado a pesar de tener solo 4 años y 28 días de experiencia profesional, cuando se requerían 5 años. También en la Facultad de Ciencias Sociales, se nombró a tres personas que no ingresaron por concurso público, requisito indispensable según la ley. Ante estas irregularidades, el abogado señala que se adherirán a la denuncia ya formulada por el fiscal de prevención del delito, solicitando que se adicione el delito de nombramiento ilegal.
El abogado también informó que se interpuso una acción de amparo, admitida actualmente, con la esperanza de una medida cautelar. Sin embargo, se extraña la demora en el pronunciamiento por parte del Poder Judicial, a pesar de que la medida cautelar fue presentada el 15 de diciembre. El abogado intentó contactar al presidente de la Corte Superior de Justicia para tratar el tema, pero no tuvo éxito. Después, un miembro de la oficina de control de la magistratura solicitó información del caso e indicó que se tomarían medidas inmediatas, pero hasta el momento no hay resultados.
La situación se agrava con informes de la SUNEDU y el Ministerio de Educación (Minedu). La SUNEDU, en un informe previo a los nombramientos, comunicó al rector que no podía incluir requisitos adicionales. De igual forma, la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu emitió un comunicado a todas las universidades, señalando que los únicos requisitos son cinco años de experiencia docente y vínculo laboral hasta el semestre académico 2023. A pesar de estas advertencias, la universidad llevó a cabo los nombramientos de forma irregular.
Por último, el abogado Jiménez Sardón menciona que se está promoviendo una acción de cumplimiento para que el Poder Judicial ordene a la universidad el estricto cumplimiento de la ley y nombre a los docentes que cumplen con todos los requisitos.
