La Fiscalía ha admitido una denuncia por genocidio contra la presidenta, ministros y altos mandos militares por la muerte de manifestantes en Puno durante las protestas sociales. El Ministerio Público dispuso derivar el caso a la Fiscalía Nacional para su investigación al más alto nivel, al tratarse de altos funcionarios.
La denuncia fue presentada en enero de 2023 por abogados de las víctimas. Se acusa a los denunciados de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes en las protestas regionales. Testigos presenciales declararán sobre los fallecidos.
El Ministerio Público admitió la competencia de la Fiscalía Nacional al estar involucrados la presidenta, ministros y altos mandos militares. No obstante, paralelamente la fiscalía regional sigue investigando a otros implicados de menor rango. Se espera que el proceso acelere para alcanzar justicia.
Los denunciantes esperaban una investigación más rápida, pero valoran que la Fiscalía haya admitido el caso y dispuesto investigar, derivándolo a la máxima instancia. Confían en que el proceso judicial llegue a buen puerto y se formalice a los responsables de ordenar y permitir el genocidio.
Si bien la investigación aún está en etapa preparatoria, con el tiempo debería pasar a etapa intermedia y posterior juzgamiento. Los denunciantes piden celeridad para que se haga justicia por las víctimas mortales de los sucesos de Puno.
