El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito, Justo Apaza Delgado, junto a algunos funcionarios municipales y el representante de la empresa constructora Kelluyo, fueron detenidos por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. La Fiscalía solicitará prisión preventiva contra los investigados, mientras cumplen una detención preliminar de cinco días.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, en coordinación con efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú – Dircocor Puno, detuvieron al alcalde de Chucuito, así como al gerente de Obras, Alejandro Llaza Juanito; gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Mauro Cerpa Juárez; supervisor de Obra, Richar Payehuanca Justo, Brandon Ramos Flores y el representante de la empresa constructora, Harol Larico Quispe.
El fiscal adjunto a cargo del caso, Carlos Jauregui Huayapa, y efectivos de la Dircocor, intervinieron las oficinas de Alcaldía, Gerencia de Infraestructura y Subgerencia de Supervisión de la comuna para recabar información de la obra en cuestión, denominada “Mejoramiento y ampliación del servicio de la práctica deportiva recreativa en las localidades de Manantiales Chiaraqui Chuncarcollo, Chacocollo San Juan, San Juan de Aracchi, Tulacollo, Totoroma y Arconuma del distrito de Kelluyo; Huacani, Huapaca Santiago y Llaquepa del distrito de Pomata; y Huañacaya del distrito de Zepita, donde se otorgó la buena pro a la empresa Consorcio Kelluyo.
La etapa de ejecución contractual estaba prevista para que se realice en 180 días, que vencía el 5 de octubre del presente año. Sin embargo, realizada la constatación fiscal se pudo evidenciar que estas no fueron concluidas al 100 %, faltando algunos componentes, como cercos de malla metálica olímpica, sistema eléctrico, colocado de puertas en siete canchas deportivas y otros.
Asimismo, el alcalde habría recibido los informes mensuales de valorización y dio pase a la Gerencia de Infraestructura, este sin observación remitió ello a la Subgerencia de Estudios y Proyectos, donde otorgaron la conformidad de los servicios como si la obra se habría ejecutado al 100 %. De esta manera se presentaba informes mensuales de valorización que simulaba que la obra se habría ejecutado por completo, lo cual no ocurrió y a causa de ello el Consorcio Kelluyo se vio favorecido.
La Fiscalía sostiene que se habrían coludido la municipalidad, el Consorcio Kelluyo, gerente de Infraestructura, supervisor y residente de obra, además del representante del referido consorcio, generando así un perjuicio económico al Estado.
