El megaproyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, en su cuarta etapa, valorizado en S/ 898 millones 622 mil 782, fue adjudicado a la empresa Benito Roggio e Hijos, cuyo presidente, Aldo Benito Roggio, confesó pagos sistemáticos de sobornos para lograr obras en Argentina.
La empresa tiene además otros antecedentes negativos en la ejecución de obras en territorio peruano e integra el Consorcio RJ, que ganó la licitación del proyecto con el aparente aval de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), de dirigentes y de otras instancias del proyecto, incluso del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, y de la presidenta Keiko Fujimori.
Para conocer los detalles, cabe indicar que dos propuestas disputaron la adjudicación. El Consorcio RJ, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal del Perú y Consorcio Jergo Contratistas y Consultores S.A.C., se impuso al Consorcio Ejecutor Juliaca, que ofertó S/ 1 mil 33 millones 574 mil 761.
En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fijó la firma del convenio para el 23 de octubre de 2026 en Juliaca, en la urbanización Taza. Se rumorea que la presidenta de la república asistiría a dicha firma, pero ello aún no está confirmado.
Roggio confesó los sobornos el 10 de agosto de 2018 ante la justicia argentina. Se acogió al régimen de imputado arrepentido y admitió coimas del 5 % sobre subsidios ferroviarios y entregas de hasta US$ 150 mil a exfuncionarios.
La ley peruana exige que ni la empresa ni sus accionistas o representantes hayan cometido o reconocido delitos de corrupción, dentro o fuera del país. La Contraloría determinó que otorgarle la buena pro a la empresa vulneró la Cláusula Anticorrupción.
En el Perú, un informe de la Contraloría del 14 de marzo de 2022 registra sobrecostos de la empresa. En el hospital de Pomabamba, el contrato pasó de S/ 132.7 millones a S/ 499 millones. En el de Yungay, el costo subió de S/ 97.6 millones a S/ 292 millones.
La empresa también tiene observaciones por retrasos en el expediente técnico del drenaje pluvial de Sullana y Bellavista. Además, enfrenta denuncias laborales por hostigamiento, despidos e impago de beneficios en Paraguay y en el Perú.
El otro integrante del consorcio, Jergo, figura en una denuncia penal por colusión y asociación ilícita para delinquir. El caso se refiere a la compra del terreno del Terminal Terrestre de Sicuani, en Cusco, por S/ 8 millones, e involucra al alcalde Ricardo Cornejo y a representantes de la empresa.
Mientras tanto, el proyecto está estancado. Según el MEF, al 7 de octubre de 2026, la obra global, valorizada en S/ 1 mil 759 millones 781 mil 456, registra 16.4 % de ejecución presupuestal y 17.7 % de avance físico tras más de un año y medio.
