Documentos obtenidos por la fiscalía y difundidos al público, demuestran que hay concordancia entre las armas y municiones asignadas a los efectivos policiales y las características de las heridas mortales de 16 de los 18 fallecidos, el trágico 9 de enero en Juliaca.
Dichos documentos especifican que los policías poseían fusiles AKM-65 así como pistolas Pietro Beretta calibre de 9 milímetros, así como pistolas Sig Sauer.
Se informa que los peritos encontraron en el cuerpo de la menor Jhamilet Aroquipa Hancco de 17 años, una bala de proyectil de calibre 9 milímetros compatible con las pistolas Pietro Beretta.
Al escolar Elmer Leonardo Huanca de 16 años, le encontraron un proyectil de 7.62 milímetros compatible con el fusil AKM-65. El mismo tipo de bala fue encontrado en el cadáver de Paúl Mamani Apaza de 20 años.
Estos son los casos concretos y plenamente identificados hasta la fecha, en tanto, los peritos continúan con los exámenes balísticos.
Es importante mencionar que se encontraron fragmentos de bala en los cuerpos de: Marco Samillán, Reynaldo Ilaquita Cruz, a quien se le encontró una bala ligeramente deformada y Guiovanny Illanes Ramos de 21 años.
Entre los fallecidos llama especialmente la atención el caso de Edgar Huarancca Choquehuanca quien recibió tres balazos, en la cabeza y el tórax. Es decir, aquí se descarta la posibilidad de una bala perdida.
Se sabe que la fiscalía solicitó el cuaderno de entrada y salida de armamento del nueve de enero a 11 dependencias policiales, de las cuales solo 5 cumplieron con la entrega.
Se sabe qué tipo de armas tenían los policías de las dependencias policiales de: La comisaría sectorial de Juliaca, comisaría de San Miguel y la comisaría de Santa Bárbara.
Esta información también es importante, pues también se conoce los lugares asignados a las diferentes unidades policiales y las armas que usaban.
La otra pieza del rompecabezas para establecer las responsabilidades serían los lugares del asesinato de las víctimas de la represión policial.
Los jefes policiales fueron interrogados por la fiscalía sobre lo ocurrido ese día. El técnico de primera PNP Luis Cáceres Salas y el suboficial Álex Sánchez Castillo, encargados de la Sección de Armería de la comisaría de Santa Bárbara, dijeron que no usaron ninguna munición.
El mayor PNP Wagner Quinteros Frisancho, jefe de la Comisaría de Santa Bárbara, dijo que todo su trabajo de ese día fue elaborar una nota informativa.
Sin embargo, sus versiones se caen al primer análisis, pues los planes operativos que fueron adquiridos por la fiscalía revelan que la región policial les ordenó apoyar para contener a los protestantes.
Otra dificultad para proseguir con las investigaciones es que la Unidad de Emergencia (Uneme) y la Unidad de Seguridad del Estado entregaron información incompleta o prácticamente ilegible a los representantes de la Fiscalía.
Con todo esto se denota una intención de encubrimiento de parte de los efectivos policiales responsables de la masacre.
No se debe olvidar que los policías obedecen a una cadena de mando. En este caso, el mando policial ordenó que los efectivos policiales presentes en Juliaca actúen como si se tratara de delincuentes, senderistas y no ciudadanos protestando. En este caso, el “terruqueo” también tiene consecuencias mortales.
Por otro lado, los periodistas Américo Zambrano y Shanna Taco entrevistaron a funcionarios del gobierno en busca de evidencias, indicios o pruebas del ingreso de armas de parte de Bolivia o la participación de los ponchos rojos, pero obtuvieron silencio o negativa.
Cabe recordar que, además de estas evidencias, hay una gran cantidad de material audiovisual, captado por los mismos ciudadanos, cámaras de seguridad del aeropuerto y alrededores, así como de establecimientos privados que deberán ser recabados por la fiscalía.
