Pobladores de la región Puno se manifestaron frente al Ministerio Público en la provincia de San Román, protestando contra la persecución política y el reglaje que sufren los dirigentes sociales tras las protestas antigubernamentales contra Dina Boluarte.
Orlando Sanga, uno de los manifestantes, denunció que su compañera Donata Carvajal Quispe, de 65 años y en condición de discapacidad, fue detenida y torturada durante las protestas. Según su testimonio, la obligaron a dormir en un calabozo y la amenazaron con 30 años de cárcel.
Edith Calizaya Calamuyo, integrante de la asociación de mujeres Bartolina Sisa de Chucuito Juli, relató que el viernes 31 de enero fue víctima de reglaje policial cuando se encontraba en la feria de Desaguadero, en la frontera Perú-Bolivia, donde dos efectivos policiales la siguieron e intentaron detenerla.
Los manifestantes denunciaron que varios dirigentes están siendo procesados por el presunto delito de disturbios, a pesar de que aseguran no haber participado en actos violentos. Sanga mencionó que su hermana Margarita fue secuestrada y le rompieron ambas manos, obligándolo a dormir en diferentes lugares por temor.
Los protestantes exigieron justicia por los 18 fallecidos durante las manifestaciones de hace dos años, portando carteles con mensajes como «Cárcel para policías y asesinos» y «Justicia para Donata». Denunciaron que las instituciones del Estado, bajo el gobierno de Dina Boluarte, se han convertido en «organizaciones criminales» que no garantizan justicia para el pueblo peruano.
