Los mineros víctimas de un asalto en la provincia de San Antonio de Putina se negaron a presentar denuncia formal ante la Policía Nacional, pese a que los efectivos les brindaron todas las facilidades para iniciar el proceso legal correspondiente, sostuvo el jefe de la Región Policial de Puno, general JorgeTomas Guardia Riveros.
Los agraviados justificaron su negativa alegando tener actividades pendientes que realizar, la PNP insistió en la denuncia pero no obtuvo respuesta favorable, dejando el caso sin el respaldo legal mínimo para avanzar en la identificación de los responsables.
«Se le dio las facilidades a todos los agraviados que notablemente no han presentado la denuncia correspondiente, indicaron que tenían actividades que realizar y es por eso que no se produjo la denuncia respectiva», declaró el general Jorge Tomas Guardia Riveros jefe de la Región Policial de Puno.
Contexto de miedo e impunidad en el corredor minero
La zona norte de Puno registra una serie de asaltos reiterados en ruta, operados por una banda de aproximadamente diez delincuentes que actúan sobre el corredor entre La Rinconada, San Antonio de Putina y zonas aledañas.
La falta de denuncia impacta directamente en la capacidad investigativa de la PNP, sin declaración formal de víctimas es imposible iniciar diligencias oficiales, dejando a los trabajadores mineros expuestos a nuevos ataques sin protección legal efectiva.
Fuentes policiales señalan que los asaltantes cuentan con información previa sobre los traslados de oro, alguien cercano a las víctimas estaría filtrando datos a la banda, lo que podría explicar también el temor de los agraviados a identificarse públicamente.
Recursos policiales limitados para responder
La PNP reconoce estar en plenas diligencias para establecer responsabilidades, aunque algunas bandas activas en la zona ya son conocidas por los efectivos.
«Estamos en plena diligencia para poder ver la identificación de estos facinerosos, siempre circulan por ahí algunas bandas encargadas netamente de estos asaltos en la carretera», afirmó el general Guardia, reconociendo la dificultad operativa del caso.
La instalación de un puesto de auxilio rápido está prevista en aproximadamente una semana, sumado a la adquisición de vehículos gestionada ante el Gobierno Regional, medidas que buscan recuperar presencia policial efectiva en el corredor minero de la zona norte.
