La Defensoría del Pueblo en Puno recibe de forma constante denuncias de internos de los penales de la región por abuso de autoridad, casos que ya fueron formalizados ante el Ministerio Público, según confirmó su representante, Tania Cáceres tras el hallazgo del cadáver del reo Franklin Mancha Sucasaca.
La comisionada de la defensoría del pueblo, Rocío Apaza, encargada directa de atender estos casos, se apersona a los penales de la región de Puno, para entrevistar internos, recabar información y trasladarla a la Fiscalía Especializada, que ya tiene investigaciones en curso derivadas de esas gestiones.
Cáceres precisó que «si advertimos un hecho de tortura, amenaza o abuso de autoridad y tenemos certeza, lo trasladamos a las autoridades competentes», subrayando que el organismo actúa como canal y no como instancia sancionadora.
Traslados y hacinamiento, otro frente crítico
Además de los abusos, las quejas por traslados representan una alta incidencia reciente, pues familias de internos llegados desde penales de Lima hacia Challapalca presionan por reubicaciones por razones de salud que la Defensoría no tiene competencia para ordenar.
El organismo aclara que los traslados los dispone el juzgado según las condiciones de la pena, y que la asignación a penales de alta seguridad responde a decisiones judiciales, no administrativas, lo que limita el margen de intervención defensorial.
La muerte de Mancha Sucasaca, trasladado desde Juliaca en junio pasado, reaviva el debate sobre las condiciones de reclusión y la capacidad real del Estado para garantizar la integridad de los internos en los penales de la región Puno. Mientras el caso sigue siendo investigados por las autoridades, ante el hermetismo del Establecimiento Penitenciario de Puno.
