El 28 de julio de 2024, el Poder Ejecutivo peruano promulgó la Ley N° 32104, publicada en el diario oficial El Peruano, que precisa la aplicación de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Esta normativa, que reduce a un año el período máximo de suspensión, ha generado una ola de críticas y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad peruana.
La nueva legislación establece que la prescripción de la acción penal se considerará en suspenso cuando el inicio o la continuación del proceso penal dependa de una cuestión que deba resolverse en otro procedimiento. Sin embargo, la ley introduce un límite controvertido: esta suspensión no podrá extenderse más allá de un año, lo que ha levantado alarmas entre expertos anticorrupción y grupos de la sociedad civil.
Un aspecto fundamental de la Ley N° 32104 que ha sido cuestionado es su potencial impacto en casos de corrupción de alto perfil. Críticos argumentan que el plazo de un año podría ser insuficiente para investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a funcionarios públicos, ministros y congresistas. Existe el temor de que esta limitación temporal pueda obstaculizar la justicia en casos de corrupción que a menudo requieren investigaciones prolongadas y minuciosas.
La preocupación se intensifica al considerar el contexto político actual del Perú, donde numerosos funcionarios públicos enfrentan denuncias por corrupción y otros delitos. Analistas advierten que la nueva ley podría ser aprovechada como un mecanismo para evadir la responsabilidad penal, permitiendo que casos complejos prescriban antes de que puedan ser adecuadamente investigados y llevados a juicio.
Defensores de la transparencia y la lucha contra la corrupción argumentan que esta medida podría representar un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir la impunidad en el país. Señalan que un año es un período demasiado corto para desentrañar las complejas redes de corrupción que a menudo involucran múltiples actores y jurisdicciones.
A pesar de las intenciones declaradas de la ley de promover la eficiencia judicial y respetar los derechos de los acusados, crece la preocupación de que pueda tener consecuencias no deseadas. La sociedad civil y organizaciones de vigilancia están haciendo un llamado a revisar la norma, argumentando que la lucha contra la corrupción requiere de herramientas legales robustas y plazos adecuados para garantizar investigaciones exhaustivas y procesos judiciales efectivos.
