El abogado constitucionalista Ángel Delgado sostuvo que el Ejecutivo carece de legitimidad constitucional para plantear cuestión de confianza respecto a facultades delegadas, mientras que Mesías Guevara, excandidato presidencial, respaldó este análisis argumentando que tal acción viola principios fundamentales del ordenamiento legal peruano.
Delgado explicó que las facultades delegadas son competencia exclusiva del Congreso, quien posee el monopolio histórico en la dación de normas jurídicas, pues el Poder Legislativo puede ceder temporalmente estas funciones al Ejecutivo cuando temas por su complejidad no resisten el trámite parlamentario como la legislación sobre ciberespacio o códigos civiles.
Siendo una atribución propia del Congreso, Delgado afirmó que el Ejecutivo no puede condicionar su aprobación mediante cuestión de confianza, acorde con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, equiparando el caso con elecciones de magistrados donde el Presidente carece de legitimidad para intervenir o amenazar con censura.
Guevara califica comportamiento presidencial como extorsión política
Guevara denominó el comportamiento presidencial como «extorsión política», argumentando que el Ejecutivo condiciona facultades delegadas amenazando que sin ellas no combatirá inseguridad ciudadana, mientras que el proyecto carece de disposiciones concretas para el fenómeno del Niño, configurando un «caballo de Troya» normativo.
Guevara advirtió sobre antecedentes críticos donde parlamentos anteriores cedieron regularmente facultades delegadas a cada cambio de Gobierno, generando volumen anómalo de decretos legislativos superior al de leyes ordinarias, estimando que gobiernos pueden ejercer acciones gubernativas sin este marco jurídico salvo casos puntuales vinculados a seguridad que deben explicitarse ante el Congreso.
Respecto a Juntos por el Perú, Guevara sostuvo que su partido debe diferenciarse estratégicamente al no comprometerse en bloque con la oposición radical ni con el Gobierno, sino evaluar puntos razonables sobre seguridad, concluyendo que el Ejecutivo no requiere oposición externa pues su gestión interna genera daño político considerable a su propia legitimidad institucional.
