Dani Guerra Bravo, exgerente de Transportes de la Municipalidad de Puno, afirmó reiteradamente que no daría declaraciones sobre el caso «los mandachitos», aunque respondió con justificaciones ante casi cada pregunta de la prensa.
Pese a repetir que el tema corresponde exclusivamente al Ministerio Público, el exfuncionario defendió su gestión en múltiples ocasiones, asegurando que todo se manejó de manera correcta durante su periodo al mando.
«No voy a dar ninguna declaración», sostuvo Guerra Bravo, para luego negar cualquier irregularidad, afirmar su tranquilidad de conciencia y remitir el caso a documentos que, según dijo, respaldan su inocencia.
Entre el silencio estratégico y la autodefensa
El exgerente evitó confirmar si pertenecía a la organización investigada, aunque insistió en que se está presentando a las audiencias y colaborando activamente con las diligencias del proceso judicial.
Esta postura contrasta con su negativa inicial a hablar, generando una narrativa ambigua entre quien evade responder y quien, al mismo tiempo, busca instalar una versión favorable de los hechos ante los medios.
Guerra Bravo trasladó parte de la responsabilidad al actual gerente de transportes, pese a haber liderado la dependencia durante el periodo en que, según la tesis fiscal, se habrían cometido las irregularidades denunciadas.
Discurso defensivo pese a pruebas en su contra
El exfuncionario aseguró dormir tranquilo y tener la conciencia en paz, una afirmación que choca directamente con el hecho de que exintegrantes de su misma gestión ya cumplen prisión preventiva.
Aunque evitó calificar su gestión como transparente, Guerra Bravo remarcó que las audiencias judiciales determinarán los resultados, en una postura que combina cautela legal con intentos reiterados de autodefensa pública.
La contradicción entre su silencio declarado y sus respuestas defensivas alimenta las dudas sobre su verdadera disposición a colaborar con la investigación que involucra a la exgestión de transportes de Puno.
