El secretario general de los trabajadores administrativos de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez UANCV Jimmy Bustinza Bustinza, denunció que el rector Félix Ochatoma estaría tomando represalias por presentar acusaciones ante la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta organización criminal que opera en la universidad. El conflicto crece mientras autoridades investigan irregularidades graves dentro de la institución educativa pública.
Bustinza lleva más de un mes sin trabajo después de hacer su denuncia pública contra la administración universitaria. La oficina de personal lo sacó de su cargo como jefe de la Unidad de Recursos Humanos, le prohibió entrar a las instalaciones y eliminó sus correos de trabajo donde guardaba reportes enviados al Ministerio de Educación. El secretario sindical considera que estas acciones violan sus derechos laborales y planea denunciarlo ante la Fiscalía.
Los compañeros sindicalizados de Bustinza también sufren amenazas y presión para abandonar el sindicato. El objetivo es debilitar la organización sindical quitándoles la protección laboral que tienen los miembros del gremio. A pesar de estas amenazas, los trabajadores administrativos apoyan al secretario general en su lucha contra la rectoría.
El rector Ochatoma mantiene a Bustinza sentado en la oficina de personal sin darle trabajo. Esta estrategia busca evitar que se movilice e interfiere en las investigaciones que ocurren dentro de la universidad. De esta forma, usa la administración de personal como un arma contra el dirigente sindical y sus denuncias ante organismos de control.
La SUNEDU envió noventa observaciones que la UANCV debe corregir para obtener licencia de funcionamiento. El rector Ochatoma mantiene secreta esta lista sin informar a los trabajadores ni a los estudiantes, solo comparte la información con un grupo reducido de administrativos. Algunos de estos problemas no se pueden solucionar, lo que agrava la situación de la universidad.
Hay cobros ilegales por trámites de grados en la escuela de postgrado donde personas externas obtienen dinero de estudiantes de maestría y especialidades. Bustinza pide a la Fiscalía y al Poder Judicial que investiguen estos delitos financieros e identifiquen a los trabajadores y profesores involucrados en este esquema de cobros injustos contra los estudiantes.
