La región de Puno enfrenta graves desafíos debido a la expansión de la minería ilegal, según advierten expertos. Esta actividad ilícita está generando un impacto negativo en la economía regional y representa una amenaza para la seguridad nacional.
La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Angela Grossheim Barrientos, afirma que la minería ilegal ha superado al narcotráfico y se ha convertido en la principal economía criminal del país. Existe preocupación porque de los 87,000 mineros inscritos para formalizarse, sólo 11,000 han logrado hacerlo en 20 años.
Grossheim señala que el proceso de formalización ha fallado y algunos utilizan el registro como una fachada para continuar operando ilegalmente. Esto permite que la minería ilícita se expanda sin control en Puno y otras regiones, generando daños ambientales, sociales y económicos.
Datos oficiales revelan que hay una brecha del 45% entre las exportaciones de oro y lo declarado por mineras formales. Esto representa millonarias pérdidas tributarias que se dejan de recaudar y podrían destinarse a programas sociales.
Ante este panorama, Grossheim hace un llamado urgente a implementar estrategias integrales contra la minería ilegal, con cooperación entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil para enfrentar este problema que pone en riesgo a la región.
