Los miembros de la organización Tres Naciones de Quechuas, Aymaras y Uros, en la región de Puno, han emitido un pronunciamiento sobre la persistente crisis política en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En su declaración, rechazan las acusaciones de separatismo hechas por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Según el documento, amparados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Perú, los pueblos originarios reivindican su autonomía administrativa, política y económica, así como su derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión colectiva.
Además, en pronunciamiento declaran como personas no gratas a miembros del Ejecutivo y del Legislativo, alegando falta de hospitalidad hacia los representantes de los pueblos originarios cuando visitaron Lima. Exigen justicia para los fallecidos, presos y perseguidos políticos, así como para todo el pueblo peruano.
Gustavo Adrianzén, premier del país, ha acusado a estas comunidades de separatismo y de estar influenciadas por Evo Morales. Sin embargo, la organización rechaza estas afirmaciones, aclarando que su autodefinición como naciones ancestrales no implica un deseo de separación del Estado peruano. Históricamente, sostienen, son los legítimos dueños de sus tierras y territorios.
La declaración critica la falta de comprensión de Lima hacia sus usos y costumbres, denunciando acusaciones infundadas contra los pueblos originarios por ejercer sus derechos constitucionales. Aseguran que en ninguna asamblea convocaron a marchas, desmintiendo informaciones tendenciosas desde la capital.
