La red criminal «Los Mandachitos» operaba un sistema de tres niveles para repartir las coimas cobradas a conductores infractores en Puno: intermediarios recaudaban el dinero en la calle, nexos estratégicos lo movían entre instituciones, y los líderes municipales y policiales lo recibían como beneficio final, según el Informe N° 011-2024 de la DIRCOCOR-PNP.
El primer eslabón lo formaban brazos operativos en la Municipalidad —como Victoria Onofre Meza y Jhordan Tintaya Luchini— y en la UTSEVI —los suboficiales Kevin Cuevas Romero y José Vilca Rivas—, quienes contactaban al infractor, cobraban el donativo y lo entregaban a los distribuidores intermedios antes de que la sanción fuera procesada formalmente.
Aspirantes a colaboradores eficaces declararon ante los investigadores que el dinero «siempre subía por los nexos», sin que los líderes municipales tuvieran que tratar directamente con los infractores, garantizando así la distancia necesaria para proteger a los mandos más altos de cualquier exposición directa.
El dinero fluía del asfalto a la Alcaldía
El regidor Jonathan Cristian Guerra Monzón, alias «Santo», centralizaba la distribución: recibía lo recaudado por los operativos y lo repartía entre la Alcaldía de Javier Ponce Roque y la Gerencia de Transportes, moviéndose con libertad entre dependencias sin levantar sospechas por su condición de autoridad electa, según el Informe N° 012-2024 de la DIRCOCOR-PNP.
El esquema permitía que conductores con infracciones M1 y M2 —multas de hasta S/ 5,350 e inhabilitación definitiva de licencia— compraran su impunidad por entre 500 y 5,000 soles, dejando al Estado sin recuperar miles de soles por cada operación, en un ciclo que se repitió de forma sistemática durante toda la gestión municipal.
Con el regidor Guerra Monzón, el gerente Danny Guerra Bueno, alias «Cerebrito», y el subgerente Willy Cáceres Pauro, alias «Capibara», identificados como destinatarios finales del dinero, la Fiscalía Anticorrupción de Puno investiga la distribución total de los beneficios económicos obtenidos durante el período de operatividad de la red criminal.
