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Operativo policial en Rio deja 119 muertos y genera protestas

El gobierno de Río de Janeiro defendió la operación como un éxito contra el narcotráfico, mientras familias exigieron justicia por presuntas ejecuciones extrajudiciales

Operativo policial en Río deja 119 muertos en favelas, residentes denuncian ejecuciones y ONU exige investigación por uso excesivo de la fuerza

Un operativo policial contra bandas de narcotráfico en favelas de Río de Janeiro dejó al menos 119 muertos el martes y desató protestas por uso excesivo de fuerza. La operación involucró a 2.500 policías y soldados en los complejos de Penha y Alemao. Residentes exigieron el miércoles la renuncia del gobernador Claudio Castro. Las autoridades reportaron 115 sospechosos y cuatro policías muertos.

Decenas de residentes se congregaron frente al palacio de gobierno gritando «asesinos» y portando banderas brasileñas manchadas con pintura roja. Familias colocaron cadáveres en calles de Penha para mostrar la magnitud de la operación. «Esto fue una masacre», declaró Barbara Barbosa, trabajadora doméstica cuyo hijo murió en un operativo previo. La activista Rute Sales, de 56 años, preguntó: «¿Tenemos sentencia de muerte? Dejen de matarnos».

El balance inicial reportaba 60 sospechosos muertos, pero la cifra aumentó cuando autoridades hallaron cuerpos adicionales. Felipe Curi, secretario de policía estatal, explicó que encontraron cadáveres en zona boscosa donde sospechosos vestían camuflaje durante el combate. Curi denunció que residentes retiraron ropa y equipo de los cuerpos, configurando alteración de evidencia. Indicó que investigarían este comportamiento sospechoso.

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Residentes denuncian ejecuciones y brutalidad extrema

Los habitantes de Penha rodearon los cuerpos exhibidos en una plaza principal antes que autoridades forenses los retiraran. Elisangela Silva Santos, residente de 50 años, cuestionó: «¿Pueden llevarlos a prisión, por qué matarlos así? Muchos estaban vivos y pedían ayuda». «Sí son traficantes, pero son humanos», agregó Santos durante la concentración. El operativo resultó en 113 arrestos y decomisó 90 rifles y más de una tonelada de drogas.

El activista local Raull Santiago participó en un equipo que encontró alrededor de 15 cuerpos antes del amanecer. «Vimos gente ejecutada: disparos en la espalda, disparos en la cabeza, heridas de arma blanca, personas amarradas. Este nivel de brutalidad, el odio que se propaga, no hay otra forma de describirlo excepto como masacre», declaró Santiago. Surgieron interrogantes sobre el estado de los cuerpos, con reportes de desfiguramiento.

La Corte Suprema, fiscales y legisladores solicitaron información detallada al gobernador Castro sobre el operativo del martes. El juez Alexandre de Moraes programó audiencia para el próximo lunes con Castro y jefes de policía militar y civil. Fiscales pidieron demostrar que no existían medios menos dañinos para alcanzar los objetivos. La fiscalía federal solicitó informes de autopsia completos con documentación fotográfica y radiográfica de todas las lesiones.

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Castro defiende operativo como éxito contra narcoterrorismo

Castro afirmó el martes que Río estaba en guerra contra el «narcoterrorismo», término que reflejó la campaña de la administración Trump. El miércoles, Castro calificó la operación como un «éxito», excepto por las muertes de cuatro agentes policiales. El gobierno estatal declaró que los sospechosos muertos habían resistido a las fuerzas del orden. Castro señaló que Río está «solo en esta guerra» y criticó la falta de apoyo federal.

La policía lanzó el operativo en helicópteros, vehículos blindados y a pie contra la banda Comando Vermelho. Miembros de la banda respondieron con disparos y represalias, desatando caos en la ciudad. Escuelas cerraron, una universidad canceló clases y calles fueron bloqueadas con autobuses usados como barricadas. Pandilleros atacaron a la policía con al menos un dron. El gobierno compartió video que mostró un dron disparando un proyectil desde el cielo.

Organizaciones no gubernamentales y la ONU expresaron preocupación por el alto número de muertes y pidieron investigaciones exhaustivas. Marta Hurtado, portavoz de Derechos Humanos de la ONU, reconoció desafíos de enfrentar grupos violentos como Comando Vermelho. «Brasil debe romper este ciclo de brutalidad extrema y asegurar que operaciones policiales cumplan estándares internacionales sobre uso de fuerza», declaró. El presidente Lula instruyó reunión con Castro para discutir crimen organizado.

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